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Arona responde a CC que su mandato ha costado al municipio más de 10 millones

El grupo de Gobierno se defiende de las acusaciones de inacción de los nacionalistas frente a las sentencias del IES Guaza y Visocan

El grupo de Gobierno de Arona (PSOE) recordó ayer que las sentencias judiciales contra la gestión de Coalición Canaria al frente del municipio han costado a las arcas municipales y al bolsillo de los aroneros más de 10 millones de euros, la mayoría de ellas siguiendo el mismo patrón: el incumplimiento de convenios urbanísticos, tal y como ha vuelto a ocurrir con los casos de la construcción de viviendas públicas por parte de Visocan en terrenos privados como por los de particulares ocupados de Guaza.


En el caso de La Camella “es especialmente llamativo”, puesto que el convenio se incumple en 2010, pero ni Visocan ni el Gobierno de Canarias se acuerdan de presentar demanda alguna hasta que su partido, CC, abandonó la Alcaldía y entró un nuevo equipo, liderado por José Julián Mena, cinco años después. La demanda se presentó en 2017, con el nuevo equipo al frente.


De esta forma, el equipo que dirige el alcalde sale al paso del comunicado, hecho público también ayer por los nacionalistas, que acusan al Gobierno municipal, tras seis años al frente del municipio, de no haber hecho nada “para solucionar los problemas, dejando morir asuntos como el de las recientes sentencias sobre los terrenos del IES Guaza y las viviendas de Visocan”.


Los nacionalistas de Arona afirman que los socialistas “están instalados en el mensaje, seis años después, de que todos los males del municipio son culpa de CC, cuando se olvidan de que ellos son los que llevan un mandato y medio al frente del Ayuntamiento, el cual han convertido en un absoluto caos”. “Este asunto es una muestra más del desgobierno y la inacción socialista”, denunciaban.


Para los socialistas esa afirmación no se corresponde con la realidad y señalan que han hecho tres cosas en el Ayuntamiento como son “tratar de ganar los juicios de los que son responsables para no perjudicar a los ciudadanos; negociar, en el caso de Visocan, para que el gasto revierta en vivienda pública para el municipio, lo cual se ha conseguido; y, en tercer lugar, pagar los platos rotos de Coalición Canaria ejecutando la sentencia”.


Insiste el PSOE en señalar que “las licencias que Coalición Canaria otorgó en el caso de Visocan en La Camella y en Guaza llevaban aparejados informes técnicos desfavorables. En el de Visocan, además, los servicios jurídicos advertían al entonces gobierno de un posible incumplimiento”.

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