El Cabildo ha desbloqueado la situación de conflicto del Auditorio de Tenerife Adán Martín y ha logrado que el arquitecto Santiago Calatrava ya esté trabajando en el proyecto de restauración, que estará concluido en noviembre. El director de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, explica que “el PSOE fue incapaz de avanzar en la resolución del conflicto con Calatrava y las constructoras durante cuatro años y desde que asumimos las responsabilidades en el gobierno insular hemos logrado desbloquear una situación enquistada, retomando unas negociaciones que estaban rotas y consiguiendo un paso imprescindible para iniciar las obras de ejecución, como es la redacción del preceptivo proyecto técnico”.
La reactivación de las negociaciones ha sido crucial para asegurar la continuidad de las reparaciones. El presupuesto inicial de la reparación, establecido en 2018, asciende a 18,1 millones de euros, incluyendo una partida adicional de 5 millones para cubrir posibles contingencias que requieran la suspensión de la actividad cultural.
En cualquier caso, la intención del Cabildo es que las obras las obras de reparación no afecten la programación cultural del Auditorio, evitando así su cierre. En ese sentido, la evaluación técnica garantizará que cualquier decisión tomada sea la más adecuada para la seguridad y operatividad del edificio.
El conflicto se remonta a varios años después de su terminación, cuando se detectaron desperfectos en el revestimiento del edificio, conocido como trencadis. En 2016, el presidente, Carlos Alonso, encargó a la empresa Intemac un informe para evaluar el estado del edificio. El peritaje concluyó que los fallos se debían a una defectuosa adherencia a las superficies y otros factores coadyuvantes como “la rigidez del mortero de rejuntado y las solicitaciones a las que el edificio estaba sometido”.
En 2018 se ordenó la reparación de los daños y se atribuyó la responsabilidad de los vicios detectados a los agentes intervinientes en el proceso constructivo, incluyendo al arquitecto Calatrava y a la UTE formada por Acciona Construcción, Dragados y Promotora Punta Larga. El presupuesto de la reparación se tasó en ese momento en 18.165.492 euros.
En julio de 2019, las partes se reunieron ante el Magistrado, acordándose la suspensión del proceso para negociar. Sin embargo, “coincidió con la entrada del PSOE al Cabildo, que durante más de tres años no logró avanzar hasta el punto de necesitar la ejecución forzosa del acuerdo en 2022”, apunta.
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