Vuelve la pandemia a la primera línea de la actualidad ante la evidencia que supone la actual tendencia alcista en el número de los contagios, tanto en Canarias como en el resto de España, y, todavía con mayor intensidad, en los países de nuestro entorno. Aunque el escenario ha cambiado notablemente gracias al éxito de las campañas de vacunación, lo cierto es que precisamente son quienes se han negado a ser inoculados contra este mal, los objetivos claros de las principales medidas previstas por las autoridades para combatir efizcamente esta sexta ola de la COVID-19, y las del Archipiélago están en dicha línea. Esto se demostró ayer con el anuncio realizado por el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, acerca de un acuerdo adoptado minutos antes por el Consejo de Gobierno y que da vía libre a solicitar en las islas el certificado COVID para determinadas actividades consideradas como de riesgo. O, lo que es lo mismo, los no vacunados serán penalizados en la práctica al entender que se han convertido en un factor que fomenta la pandemia.
Para que dicha medida se transforme en realidad, Olivera detalló que se le ha solicitado al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, la elaboración de un plan de acción para la próxima semana en el que se defina el catálogo de actividades susceptibles de incrementar los contagios por coronavirus, y dejó claro que, en virtud a la presentación del certificado, se acreditará que las personas que tienen la pauta completa de vacunación han pasado la enfermedad o cuenten con una prueba diagnóstica negativa.
Además, el portavoz del Ejecutivo autonómico adelantó que, a la espera de la presentación del aludido informe por parte de la Consejería de Sanidad, esta obligación de presentar el certificado se aplicará a actividades propias de espacios cerrados, que estén muy masificadas, donde haya que quitarse la mascarilla con frecuencia o no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Vuelos
Otro aspecto de gran relevancia es que en el acuerdo de ayer se decide que, a partir del próximo 1 de diciembre, se volverá a pedir el certificado COVID a los pasajeros llegados a las Islas procedentes de vuelos nacionales, tal y como se realiza con los internacionales, dado que va a haber un incremento de viajeros por el puente de La Constitución y la Navidad.
Por ahora, los pasajeros de vuelos interinsulares seguirán estando exentos de presentar el certificado COVID. También quedan libres de presentar prueba negativa, aparte de los menores de 12 años, personas en tránsito que hagan escala en Canarias cuyo destino final sea otro país u otro lugar del territorio nacional y que acrediten haber estado fuera de las Islas en un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada.
Justicia
Sobre los problemas que una medida como esta pueda dar a la hora de contar con el aval judicial, Olivera reconoció que “lo más recomendable” será solicitar la ratificación judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero se esperará por la propuesta de Sanidad por si hay un mecanismo legal que no lo haga necesario.
Lo cierto es que, además de Canarias, otras nueve comunidades autónomas de distinto signo político han comenzado a presionar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que coordine a nivel estatal la implantación del Certificado COVID para acceder a determinados espacios, de modo que, según han dicho algunos ejecutivos autonómicos, se pueda dar amparo jurídico a las comunidades para tomar una medida que ya ha sido tumbada con anterioridad por varios tribunales superiores de Justicia, como, sin ir más lejos, el canario.
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