La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha anunciado que antiguos perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) podrán solicitar de nuevo esta prestación.
Así lo ha avanzado en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del Partido Popular, donde dio a conocer una serie de medidas destinadas a mejorar la Prestación Canaria de Inserción.
La consejera subrayó que ya son 9.250 las familias protegidas por esta prestación, recordando que cuando llegó al Gobierno el dato era de 5.687. “Esto no es fruto de la casualidad. Es producto de las reformas que se han hecho para que la PCI abarque a más personas de lo que lo hace”, afirmó.
Noemí Santana incidió en las modificaciones aplicadas a la prestación, avanzando que las familias que percibieron en su momento la PCI podrán volver a solicitarla, algo que no sucedía hasta este momento. “De esta forma protegeremos a más de 10.000 familias en el comienzo del próximo año”, añadió.
Asimismo, recordó que el Gobierno ya ha aprobado conceder un nuevo complemento de carácter extraordinario a las personas beneficiarias de esta ayuda social de 250 euros, tal y como se hizo en diciembre del pasado año.
A estas medidas se suman, entre otras, la continuidad del personal que tramita en los ayuntamientos mediante la tramitación anticipada del Plan concertado de Prestaciones Sociales; la ampliación de los periodos de ejecución para posibilitar el mantenimiento de los equipos profesionales y la incorporación de un total de 65 profesionales a la Dirección general de Derechos Sociales, de los cuales, un total de 40 realizarán su labor en el área de la PCI, que permitirá agilizar la gestión de la PCI durante 2022.
La modificación de la Ley de la Prestación con el objetivo de volver a hacer beneficiaras a aquellas familias que ya lo fueron en el pasado y que tienen menores a cargo o la adaptación de la PCI al Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como en complemento por menor a cargo de 50 euros mensuales y haciendo que no se computen los ingresos percibidos por pensiones alimenticias, para la determinación de la cuantía de la PCI, han sido otras de las medidas impulsadas por Derechos Sociales.
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