Avisos políticos

Las pensiones, ni de milagro

En la búsqueda de un mecanismo de ajuste del gasto que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas para el futuro, la penúltima ocurrencia del ministro de Seguridad Social ha sido proponer un proyecto financiero que consiste en aumentar 0,5 puntos porcentuales las cotizaciones durante la próxima década, para rellenar el Fondo de Reserva […]

En la búsqueda de un mecanismo de ajuste del gasto que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas para el futuro, la penúltima ocurrencia del ministro de Seguridad Social ha sido proponer un proyecto financiero que consiste en aumentar 0,5 puntos porcentuales las cotizaciones durante la próxima década, para rellenar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada hucha. Este Fondo de Reserva se ha ido vaciando en los últimos años hasta disponer de apenas unos 2.000 millones de euros, una cantidad absolutamente insuficiente para afrontar ni siquiera una paga mensual del sistema. El ministro Escrivá ha propuesto lo que denomina una “cotización finalista”, que se mantendría vigente hasta 2032. El Fondo de Reserva cerró 2020 con 2.138 millones de euros, según el último informe anual sobre el mecanismo remitido al Congreso; en 2011 el Fondo llegó a alcanzar una cuantía de 66.815 millones de euros.

“El nuevo mecanismo se configura como una herramienta contingente y temporal que actuará sobre el conjunto de parámetros del sistema preservando el equilibrio entre generaciones y fortaleciendo su sostenibilidad a largo plazo”, dice el documento hecho público por Seguridad Social con la palabrería propia del caso. Y, de cualquier forma, el Gobierno se propone introducir la medida como una enmienda en la reforma que ya está en trámite. Pero el pacto alcanzado el pasado verano con la patronal y los sindicatos establece que, a cambio de derogar el Factor de Sostenibilidad creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 como medida de contención de gasto, se debe aprobar otro mecanismo que sustituya al Factor y que entraría en vigor a partir de 2027. El aumento de las cotizaciones propuesto por Escrivá se aplicaría desde 2023, y podría no ser suficiente para cubrir la garantía que ofrecía el Factor de Sostenibilidad, y que la Comisión Europea exige como condición para transferir fondos de recuperación.

Pero vamos a ver, se preguntará cualquier curioso lector desde la sensatez del sentido común, al margen de toda esta palabrería política en el peor sentido de la palabra, ¿hay algún estudio serio técnico económico que avale lo que está proponiendo el actual Gobierno? ¿Hay algo aparte de ocurrencias y política, una política que consiste simplemente en suprimir lo que hizo el Gobierno anterior por el solo hecho de que lo hizo el Gobierno anterior? ¿Tiene algún sentido trabajar en este asunto con horizontes futuros de diez o más años? ¿Hace diez o más años alguien previó lo que la pandemia nos cambiaría la vida y la economía?

Países mucho más serios que nosotros y con economías mucho más robustas, sin esperar al futuro hace tiempo que han comprobado que el Estado del Bienestar puede financiar solo lo que puede financiar, y que los sistemas públicos de pensiones necesariamente han de convivir con planes privados de empresa e individuales, precisamente los que tan irresponsablemente está combatiendo el actual Gobierno al negarles beneficios fiscales. Un Gobierno que se empeña en ocultar la realidad, y que pretende vendernos ensoñaciones de paraísos por venir que se convertirán en pesadillas no muy tarde. El milagro de las pensiones es imposible, y nuestro sistema actual de pensiones públicas es inviable a medio plazo, incluso de milagro.