Los cuatro acusados de unos altercados en el campamento de migrantes de Las Raíces han negado las agresiones y las amenazas que les son atribuidas, al igual que los trabajadores de la ONG que gestiona estas dependencias, en contra de lo que sostienen los vigilantes de seguridad.
La Fiscalía pide para cada uno de los procesados, que se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, 11 años de cárcel por un delito de desórdenes públicos con instrumento peligroso y otro de amenazas condicionales, y dos de ellos por cinco y un delito leve de lesiones.
Los hechos se produjeron el pasado 28 de abril en la zona de duchas del campamento, donde según sostiene el ministerio público y hoy en el juicio han corroborado varios vigilantes, uno de los acusados agredió a una trabajadora, tras lo cual fue reducido y llevado en volandas hacia otras dependencias del centro.
En el trayecto, los vigilantes afirman que recibieron patadas y alguna pedrada y fueron amenazados de muerte verbalmente, con gestos de cortar el cuello y con cuchillas y palos, y tuvieron que hacer un cordón de seguridad hasta la llegada de la Policía Nacional.
Estos han declarado en el juicio que sintieron miedo y vieron amenazada su integridad física, y han acusado a los trabajadores de la ONG ACCEM de ayudar a los usuarios del centro a ocultar las cuchillas con las que supuestamente los amenazaron.
Por contra, varios trabajadores de la ONG han negado que las esgrimieran para amenazar a los vigilantes, sino para autolesionarse, como una forma de externalizar su frustración y la tensión del momento.
E incluso han desmentido categóricamente que el origen del conflicto fuera la presunta agresión de uno de los acusados a una vigilante de seguridad en la zona de duchas; ni siquiera medió provocación alguna, ni el ambiente era agresivo y todos llevaban puesta la mascarilla, en contra de lo que afirma la acusación.
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