tribuna

Calculando

Desde hace algún tiempo las páginas políticas de los periódicos y los debates radiofónicos o televisivos incluyen cábalas sobre adelantos en los calendarios electorales de distintas instituciones, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico

Desde hace algún tiempo las páginas políticas de los periódicos y los debates radiofónicos o televisivos incluyen cábalas sobre adelantos en los calendarios electorales de distintas instituciones, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. En el primer caso, a pesar de la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado por una amplia mayoría parlamentaria y el anuncio de ERC que señala que no las vetará en el Senado, pese a su malestar por la no inclusión de las grandes plataformas en la cuota para la producción, doblaje y subtitulación en catalán de productos audiovisuales, vuelven a señalarse fechas para el posible regreso a las urnas. Algunos gurús se apuntan a casi todas las opciones, con lo que resulta difícil que se equivoquen.

De mantenerse con normalidad la legislatura hasta completarla, correspondería desarrollar las elecciones generales a finales de 2023, justo cuando acaba la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, presidencia que corresponde ejercer al Estado español entre los meses de julio y diciembre de ese año.

La especulación sobre el adelanto de las elecciones generales suele plantearse en un amplio espectro temporal que va desde la primavera de 2022 a finales de mayo de 2023, haciéndolas en esta última hipótesis coincidir con los comicios locales -en nuestro caso ayuntamientos y cabildos- y buena parte de los autonómicos, en una especie de superdomingo electoral. De ser así, en las Islas habría ese día seis urnas. Para ayuntamientos, cabildos, Congreso y Senado, así como las dos urnas autonómicas, correspondientes a las circunscripciones insular y a la archipelágica.

Esto que viene sucediendo en el ámbito de la política estatal tiene también sus réplicas en algunas de las nacionalidades y regiones. Mientras que PP y Vox han cerrado el acuerdo sobre las cuentas públicas para 2022 en la Comunidad de Madrid -que ya celebró elecciones anticipadas el pasado 4 de mayo por puro interés electoralista-, con un importante nivel de coincidencias entre el PP y la extrema derecha, las desavenencias presupuestarias entre el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ultraderecha alejan a PP y Vox y pueden precipitar el adelanto electoral en Andalucía; una comunidad que cierra legislatura a final de 2022, pero que podría celebrar comicios entre junio y octubre.

Circunstancia, la andaluza, que a su vez podría animar a Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, a hacer lo propio y llevar a cabo una convocatoria electoral anticipada en iguales fechas que Andalucía, al modo y manera en que vascos y gallegos fueron llamados a las urnas en la misma jornada, como sucedió el 25 de septiembre de 2016 o el 12 de julio de 2020.

De momento, no parece que haya sorpresas en el calendario en lo que hace referencia a las denominadas comunidades históricas. Comunidades que presentan mucha estabilidad en los gobiernos de Euskadi y Galicia, apoyados en amplías mayorías parlamentarias, PNV y PSE-PSOE en el primero de los casos (aúnan 41 de los 75 escaños, 31 de los nacionalistas moderados y 10 de los socialistas) y la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo (PP), en el segundo. Aunque, eso sí, son mucho más que frecuentes las divergencias entre los partidos que apoyan al actual Ejecutivo catalán que preside Pere Aragonés; las dificultades que se han venido produciendo en la tramitación para la aprobación del presupuesto confirman esas tensiones, que podrían deparar diversos escenarios en un futuro próximo.

¿Puede entrar Canarias en este juego de fechas de adelantos electorales? Ni el primer Estatuto de Autonomía de 1983 ni su posterior reforma de 1996 incluyeron la posibilidad de disolver el Parlamento de Canarias y convocar elecciones anticipadas. Sí lo hace el Estatuto de 2018, que en su artículo 56.1 señala lo siguiente: “La persona titular de la Presidencia, previa deliberación del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disolver el Parlamento. La disolución se acordará por Decreto, en el que se convocarán, a su vez, elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable”. Luego, ahora se puede. Pero en las Islas, afortunadamente, estamos alejados de esos debates y dedicados a dar respuesta a los problemas reales de la sociedad canaria.

No voy a negar la legitimidad democrática del debate mediático y político sobre ese instrumento democrático, como lo son la moción de censura o la cuestión de confianza. Pero me parece enormemente inoportuno y poco responsable estar permanentemente enfrascados en cálculos electoralistas y conveniencias de fechas para los intereses propios cuando seguimos atravesando una pandemia de enormes consecuencias sanitarias, económicas y sociales. A lo que en Canarias se añade, desde el 19 de septiembre, el impacto económico, medioambiental, social y emocional de la devastadora erupción de La Palma.

Una crisis, la de la COVID-19, que, solo en Canarias, ha causado más de mil fallecimientos, con 100.000 personas contagiadas. Y que, en el mundo, supera ya ampliamente los 5,2 millones de muertes y 265 millones de contagios. Con enormes e intolerables desigualdades en la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios y, asimismo, en el acceso a las vacunas, que castigan a los países empobrecidos del planeta. La aparición de nuevas variantes, como la reciente ómicron, hace crecer la preocupación y las incertidumbres en el plano de la protección de la salud de la población y, asimismo, en el de la recuperación económica y del empleo, apuntando a un retraso de esta.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Todo el tiempo, todas las capacidades, todos los esfuerzos de las administraciones públicas, deben dirigirse, como estamos haciendo en Canarias, a seguir combatiendo la COVID-19; insistiendo en la relevancia de completar los procesos de vacunación y en el cumplimiento de las medidas de protección -mantenimiento de distancia física, uso de mascarillas, ventilación de espacios, control de aforos, implantación del certificado COVID…- más aún en fechas en las que se incrementan notablemente los encuentros familiares y sociales.

Todo el tiempo, todas las capacidades, todos los esfuerzos deben dirigirse, como hacemos en Canarias, a trabajar por la recuperación económica y social. Apoyándonos en los presupuestos canarios, así como en las aportaciones estatales y el del presupuesto ordinario y de los fondos de recuperación europeos. Para continuar fortaleciendo los servicios públicos, para estimular la inversión y para contribuir a que nuestra sociedad genere economía y empleo. Superando colectivamente los estragos de la COVID-19 que, en 2020, redujo nuestro Producto Interior Bruto (PIB) en más de 20 puntos.

La actividad política debe centrarse en resolver los problemas que afectan a la ciudadanía. La calidad de los servicios públicos. Las políticas de cuidados. El empleo. La mejora de la educación, desde la etapa de cero a tres años hasta la universitaria. El fortalecimiento de las empresas. El acceso a la vivienda. Los desorbitados precios de la luz o el encarecimiento de la cesta de la compra. La sostenibilidad de las pensiones. Sin innecesarias distracciones sobre hipotéticos adelantos electorales, en torno a coincidencias o no de distintos comicios y sobre más o menos sesudos análisis sobre quién sale beneficiado o quién perjudicado de cada uno de los diferentes escenarios. Los problemas importantes son otros, en ningún caso el calendario electoral, y es a ellos a los que hay que dedicar toda la atención, incluso a contracorriente de tendencias partidistas y mediáticas entregadas al cálculo en función de intereses que no son los de la ciudadanía.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Gobierno de Canarias

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