La historia puede repetirse. El Ayuntamiento de Santa Cruz se enfrenta a una posible anulación de la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005 que entró en vigor al anular la justicia el de 2013. Y es que la misma empresa que tumbó el anterior PGO ha presentado un contencioso administrativo contra el Consistorio pidiendo la impugnación del planeamiento en vigor. Tal y como se recoge en la denuncia, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el motivo por el que Puzolana y Áridos, la empresa demandante, acude a la justicia es la denegación por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de una licencia para la construcción de un edificio de viviendas, locales y garajes, de ocho plantas sobre rasante, y cuatro bajo la misma, en Ofra.
Urbanismo deniega la licencia alegando que el actual PGO no permite ese uso en la parcela en cuestión, al considerar que se trata de suelo urbano no consolidado, y que se encuentra dentro de una unidad de actuación aún sin desarrollar. Precisamente lo que se impugna es esa definición recogida en la adaptación básica de 2005, presentando la empresa un informe que ocupa más de 40 páginas, y en el que defiende lo erróneo de esa calificación en la actualidad, y pidiendo, por tanto, la impugnación por vía indirecta del planeamiento en vigor.
Se da la circunstancia de que la parcela se encuentra en la misma zona que la que llevó a la empresa a denunciar el anterior Plan General, es decir, en las inmediaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, concretamente, junto al viario sin terminar de Ofra-El Chorrillo, otro de los argumentos de Urbanismo para denegar la licencia. El informe pericial que acompaña a la denuncia de Puzolana y Áridos hace hincapié en que la parcela en cuestión cuenta con todas las características de un suelo urbano consolidado, desde la urbanización del entorno hasta las tomas de agua y luz que se encuentran en la calle donde se va a levantar la obra, por lo que entienden que la negativa de Urbanismo apoyándose en el plan en vigor no se ajusta a la realidad. Y es que, según los argumentos de la citada sociedad, ya se había solicitado licencia en 2018, aún con el Plan de 2013 en vigor, denegándose entonces la licencia al presentar la solicitud en base al planeamiento del año 2000. Cuando la volvieron a presentar el PGO ya había sido anulado, entrando en vigor el actual planeamiento, la adaptación básica de 2005. Entonces, la Gerencia señaló que no podía informar nada sobre las alineaciones y rasantes de la parcela por estar en suelo urbano no consolidado. Esta última negativa es la que llevó a la empresa al juzgado.
Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, su responsable, Carlos Tarife, ha confirmado a DIARIO DE AVISOS estar al corriente de la presentación de este contencioso-administrativo. Preguntado el edil por su valoración sobre este nuevo contratiempo para el planeamiento de la ciudad, admitió que “nos ha causado mucha sorpresa esta postura que denominaría casi de planteamiento bélico, más si tenemos en cuenta que fue la diferencia de criterios interpretativos de una parcela, lo que ya se tumbó el plan de 2013, y, sinceramente, me sorprende que la historia se pueda volver a repetir”. Tarife aseguró que la Gerencia de Urbanismo “va a responder con criterios técnicos y jurídicos a ese contencioso, vamos a defender los intereses de la ciudad hasta sus ultimas consecuencias, aunque la parte más importante no tiene que ver con este tropiezo, que aún no tiene consecuencias, y no las tendrá hasta que el juzgado, en primera instancia, diga si es blanco o negro, y sobre lo que diga, siempre habrá posibilidad de recurso, por lo que no habrá una anulación inmediata”. Asimismo, recuerda el edil que “según los tiempos de la otra vez, fue en julio de 2017 cuando se dio la primera sentencia de anulación, y acabó siendo definitiva en octubre del año pasado, estamos hablamos de tres años”.
Tarife asegura que “tenemos tiempo prudencial para ir avanzando en el nuevo Plan General, va a salir el avance entre febrero y marzo de 2022, y esperamos que en 2023 se dé la aprobación inicial, y dependiendo del volumen de alegaciones, se estaría aprobando en 2024”.
El edil de Urbanismo insistió en que “vamos a pelear, pero en paralelo tenemos un trabajo muy avanzado y Santa Cruz tendrá un Plan General que dé seguridad y que no esté sujeto a cuestiones como esta”.
El concejal de Urbanismo aprovechó para recordar que la actual legislación es la que permite que se anulen planeamientos completos en vez de dar la posibilidad de subsanar aquello que se considere erróneo. “En este punto tengo que recordar la inactividad del Gobierno de Pedro Sánchez, al dejar de lado el proyecto que tenía preparado el PP de una ley a nivel nacional para que los jueces tuvieran herramientas para no anular el planeamiento al completo y que cuando se denuncie que hay una parte del plan que está mal, desde parcelas, cuestiones ambientales o informes económicos, tuvieran una herramienta para que se pudiera subsanar la parte que está mal, y no que los juzgados se carguen el planeamiento completo porque no hay más alternativa”.
“Le pido al PSOE y a Podemos, ya que no aportan nada nuevo, copien las ideas que en su momento presentó el PP, porque van en beneficio de mucha población. Cerca de 16 millones de persona vivimos en ciudades en las que se han anulado el Plan General, y eso sobrelleva parálisis económica, porque hay que trabajar con planes más antiguos, modificaciones u ordenanzas provisionales como ha hecho Santa Cruz. En canarias solo el 33% de los municipios tiene su planeamiento actualizado”, añadió.
Tarife concluyó insistiendo en que “es necesario dar instrumentos a los jueces para evitar anulaciones completas, pero también que se haga una revisión en sede parlamentaria, y aprovechando la crisis de La Palma, para que los instrumentos del planeamiento sean más ágiles”.
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