El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer sus presupuestos para 2022, que ascienden a 284 millones de euros, un 9% más que el que está en vigor. Las cuentas salieron adelante solo con el voto del equipo de Gobierno (CC, PP y Evelyn Alonso) y el rechazo de los grupos de la oposición, que las tildaron de poco realistas y faltas de proyectos que lleguen de verdad a la ciudadanía.
Un debate de presupuestos en el que el principal socio de CC, el Partido Popular, a través de su portavoz, Guillermo Díaz Guerra, expresó su disconformidad con unas cuentas que dijo que no eran las del PP, pero que eran las que había. “ Si me pregunta si este es el presupuesto del PP, la respuesta es no, pero es el presupuesto que vamos a aprobar”, respondía a la exalcaldesa Patricia Hernández, que lo invitó a pronunciarse sobre los números de 2022. Díaz Guerra, en una segunda intervención, fue más preciso. “No es el mejor presupuesto, no es el del PP, pero es el mejor que se puede hacer con esta composición plenaria”, indicó.
Todo después de que el PSOE apuntara que el anuncio de los seis millones para asfaltar 50 calles no se encuentra en las cuentas de 2022, algo que el primer teniente de alcalde reconoció señalando que él tampoco los encontraba.
El edil de Hacienda, Juan José Martínez, que no se pronunció en el Pleno sobre esta asunto, afirmó al término que “habrá crédito suficiente para atender la capacidad de contratación del área”.
Entre los detalles que desveló la oposición, compuesta por el PSOE, Unidas Podemos y Cs, está que la previsión de ingresos en concepto de multas por infracciones a diversas ordenanzas municipales crece el 468%, pasando de los 860.000 presupuestados en este 2021 a los cinco millones del próximo año. Martínez defendió que ese incremento tan desorbitado se justifica en la mejora sustancial de la recaudación ejecutiva.
“En ningún caso se va a perseguir al ciudadano”, apuntó. Esta cifra, según el informe del interventor, no se encuentra justificada, por lo que no se pronuncia si es adecuada o no, aunque sí que reconoce que “la mejora palpable en la recaudación ejecutiva es un hecho cierto, que, de mantenerse en el tiempo, permitirá alcanzar estas cotas de recaudación”.
Rebaja fiscal
Martínez hizo un largo y denso recorrido por los que el equipo de Gobierno defiende como “unos presupuestos centrados en las personas y la recuperación económica”, destacando una vez más como principales hitos la rebaja fiscal ya anunciada para la tasa de basura de negocios (bonificada al 100% para pymes), y la subida del IBI a los grandes propietarios, básicamente al Gobierno de Canarias y a los bancos, con lo que consigue aumentar la recaudación por este concepto en algo más de dos millones, hasta llegar a los 39.
El también edil de Vivienda defendió que Santa Cruz se encuentra entre las cinco primeras ciudades, de más de 200.000 habitantes, que más gasto por habitante ejecuta. Además, destacó la inversión de 3,5 millones en la recuperación del patrimonio histórico con intervenciones en el Castillo de San Andrés, la Hacienda de Cubas, el Palacio de Carta o el propio Ayuntamiento. En este punto, Martínez anunció que el Estado, a través de una enmienda de Nueva Canarias, aportará 3,2 millones para la rehabilitación del Templo Masónico, que es justo el coste de la intervención calculada por el Consistorio.
Partido Socialista
El PSOE, a través de la exalcaldesa Patricia Hernández, criticó duramente unas cuentas de las que dijo que “no son creíbles”, para añadir que “es el presupuesto de un alcalde agotado, en el que se presentan, año tras año, las mismas obras”. Además, sobre el DUSI Anaga aseguró que el equipo de Gobierno renuncia a su ejecución, que debería terminar en 2022, “mientras que se presupuestan anualidades hasta 2023”. También detalló obras que no se han presupuestado y que tienen proyectos como el campo de Santa María del Mar, el polideportivo de Tíncer o la desaparición de la partida para dotar de ascensores a los edificios sin accesibilidad. Igualmente, denunció la reducción de la inversión en Vivienda, que, en contra de lo que aseguró el edil de Hacienda, afirmó Hernández que baja hasta los siete millones, mientras que la partida de Publicidad y Propaganda crecía el 36%. Este último dato fue rebatido por Martínez, quien aseguró que el incremento obedecía a la imposición por parte de Europa de un mayor gasto para la difusión del DUSI Anaga.
Asimismo, Martínez defendió que la colocación de ascensores se asume dentro de la partida de los ARRUs, porque “lo cierto es que la mayoría de las comunidades que podían acogerse a esta ayuda la han rechazado por lo complicado de su ejecución”.
UP
Desde UP, Ramón Trujillo criticó que el compromiso con una área como la vivienda no fuera suficiente, como tampoco el registrado con el apartado social, también denunciado por PSOE y Cs, que afirmaron que el presupuesto del IMAS no es suficiente, presupuestando seis millones para ayudas sociales cuando este año se han gastado 11. Trujillo defendió la mejora del servicio de guaguas, la creación de una empresa municipal de energías renovables o la remunipalización de servicios. El portavoz de UP también criticó lo que a su juicio es una “falta de pluralidad” en los medios de comunicación, asegurando que en algunos, su formación está “vetada”, relacionando ese veto con el gasto en publicidad y propaganda del Ayuntamiento.
CS
Matilde Zambudio (Cs) criticó la creación de plazas para personas concretas, como la del asesor de Evelyn Alonso, Enrique Rosales, “con un sueldo distinto al resto de plazas de la misma categoría”. En cuanto a los números, dijo que son los de “un modelo de ciudad parche, sin ideas y lleno de contradicciones como bien señala el informe del interventor”. También puso en duda que la ejecución presupuestaria de las inversiones sea del 52% y afeó que no se cumpla con el compromiso plenario de eliminar la cuota de los contadores contraincendios.
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