visiones atlánticas

Simplificación y urgencia

Insiste nuestra autonomía en su deterioro normativo-legislativo, recurriendo a dar apariencia de operar con “simplificación y urgencia”, sobre sus actividades principales, el turismo, el sector primario, el territorial y el energético. Sin que tamaño esfuerzo político administrativo, tenga eficacia en la economía y empresa, en la actividad y sobre el empleo. El fin de servir al ciudadano ha sido desplazado para atender el procedimiento. De estos días lo último, el Parlamento acaba de aprobar una repetida Ley de Medidas Urgentes, que sencillamente es el Decreto Ley de Simplificación de Septiembre 2020, que se tramita como ley para blindarlo jurídicamente. Señala James Buchanan, Premio Nóbel de Economía, en su obra Teoría de la Elección Pública, que la finalidad del poder político reside en maximizar su utilidad y la del partido, pasando el ciudadano a segundo plano. Teoría contrastada en Canarias, a la cual sumamos la irresponsable acción de los funcionarios en el deterioro de la actividad económica. La oligarquías políticas autonómicas, vienen desde la crisis del 2008, incrementando la pérdida del marco nacional como mercado unitario. Por más que desde enero 2010 acudió la UE, con el Tratado de Lisboa, a liberalizar los servicios con la vigente Directiva Bolkestein, que las autonomías ignoran y atacan. Sistemáticamente, las autonomías han seguido derivando, antes con la crisis económica 2008, ahora con el virus y la economía, para conformar mercados segmentados ajenos al marco nacional y de la UE. Se ha operado con los Estatutos de Autonomía, el canario con Ley Orgánica del 2018, que triplica el texto del vigente del 1982, desconfigurando los límites competenciales con el estado nacional y con ello anticipando conflictos, que multiplicados por las autonomías desleales, bloquean el estado y hunden la economía. Esta deslealtad autonómica se ve premiada por el estado central, para poder gobernar, tanto más cuanto más desleal es. En Canarias, y para el caso del territorio, se acompaña con una inflación normativa, que deteriora la seguridad jurídica y hace imposible el cálculo del coste de los procesos, y con ello prever la rentabilidad de las inversiones y sus plazos. Se fractura el mercado a base de introducir en las leyes, Ley del Suelo, Espacios naturales, Evaluación Ambiental, Clima, criterios discrecionales y arbitrarios de Sostenibilidad, Transparencia, Participación, Patrimonio, inflacionados y sin sentido, donde el operador económico queda al arbitrio de cualquier ocurrencia política y funcionarial, sin plazos ni costes ciertos. Venimos desde el 2009 en Canarias a golpe de decretos y leyes de medidas Urgentes, 2009 y 2021, Leyes de Armonización y Simplificación 2016, Ley de Medidas Estratégicas 2015, Ley del Suelo 2014 y 2017, Patrimonio 2019, alejándonos de la Bolkestein, y multiplicando trámites en el altar de la patria chica. Por si no teníamos bastante, llegó el virus. Las variadas formas del confinamiento han venido a deteriorar la relación del ciudadano con la administración y sus funcionarios, que van a su aire. Sin relación presencial no hay democracia y se pierde la eficacia en la prestación del servicio público. Las licencias con obligación legal de resolverse en tres meses están tardando dos años. Ahora vienen los fondos de la COVID, que se enfrentarán sin fortuna contra la legislación territorial y urbanística canaria y en ámbito estatal, contra la Ley de Contratos del Estado, aprobada en época Rajoy, bajo el síndrome de los “gurteles”. Opuesta a la obligada simplificación de la Liberalización de Servicios de la Directiva Bolkestein, que nuevamente incumplimos. La deriva del estado autonómico ajena a sus obligaciones ciudadanas, resulta inmantenible en las crisis superpuestas de nación, virus y economía. En Canarias, un drama.

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