tribuna

Ciclo electoral y agenda política

Las elecciones anticipadas en Castilla y León del domingo 13 de febrero abren un ciclo electoral que puede prolongarse hasta finales de 2023; incluso hasta el verano de 2024, en que cierran legislatura Galicia y Euskadi. Un ciclo en el que son seguras en mayo de 2023 las locales y también, en la mayoría de las comunidades, las autonómicas. Un período de citas con las urnas que incluye posibles convocatorias adelantadas en Andalucía, con elecciones que podrían celebrarse en abril, y en la Comunidad de Valencia. Y en el que sigue muy abierta la fecha para los comicios generales.


Respecto a estos últimos se viene produciendo un amplio espectro de pronósticos que las ubican en diferentes momentos. En distintas fechas de este año 2022. Coincidiendo con las municipales de mayo de 2023, en una macro jornada electoral, con seis urnas en el caso de Canarias. O bien a finales de ese año, lo que significaría que se culminarían los cuatro años de la legislatura. A fuerza de adquirir todos los boletos, alguno terminará acertando.


Esta última hipótesis, realizar las elecciones generales a finales del 2023, puede verse condicionada por el hecho de que entre julio y diciembre corresponde la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Aunque hay precedentes: las presidenciales francesas del próximo 10 de abril coinciden con la Presidencia francesa del Consejo, iniciada el pasado 1 de enero y que finaliza el 30 de junio, y Emmanuel Macron aspira a conseguir la reelección al frente de la República Francesa.


Lo cierto es que, pese a los augurios de que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no llegaría ni a mitad de mandato (de corte similar a los que señalaban que en Canarias el Pacto de Progreso no pasaría del primer año), este ya ha superado la prueba de dos Presupuestos Generales del Estado, los de los años 2021 y 2022. Cuentas públicas que hemos apoyado desde Nueva Canarias por su compromiso general de medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19; y por cumplir con Canarias sobre la base de los acuerdos establecidos por NC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Agenda estatal


Asimismo, han salido adelante, el pasado diciembre, las modificaciones legales para la sostenibilidad de las pensiones, que vuelven a revalorizarse todos los años en función de la evolución del IPC. La nueva ley, que NC apoyó en el Congreso, incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que sube las cotizaciones sociales para cumplimentar el fondo de reserva de estas. Esta subida, de 0,6 puntos (0,5 abonados por las empresas y 0,1 por el trabajador o trabajadora), rechazada por la CEOE, se producirá durante 10 años, entre 2023 y 2032.

Esta reforma introduce cambios en los coeficientes reductores para quienes decidan jubilarse de forma anticipada e incentivos para quienes retrasen su jubilación. Factores, todo hay que decirlo, enfocados al sostenimiento económico del sistema en detrimento de las opciones laborales de los jóvenes al reducirse las vacantes en la parte alta de la pirámide. También incluye la ampliación del acceso a la pensión de viudedad por las parejas de hecho.


Por otra parte, el Ejecutivo estatal está sacando adelante la reforma laboral con un amplio acuerdo entre la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Legislación pendiente de su plena ratificación en el Congreso. Una reforma que, como he señalado, ni supone la derogación de la reforma laboral del PP del 2012 ni la del PSOE del 2010, pero sí la sustancial mejora de ambas. Por avanzar en la protección de los derechos laborales, retomando la importancia de los convenios y la negociación colectiva, y afrontar decididamente la reducción de la temporalidad.


Una reforma que introduce los denominados Mecanismos Red, que incorporan los ERTE para afrontar crisis económicas globales o que afecten a sectores económicos concretos. Considero que la reforma es globalmente positiva, aunque en Nueva Canarias seguimos defendiendo un marco de relaciones laborales canario y la prevalencia de los convenios autonómicos.


Más complicada aun resulta la modificación del actual modelo de financiación autonómica, de la que están excluidas las comunidades navarra y vasca, que disponen de modelos históricos propios. Las discrepancias entre las distintas nacionalidades y regiones son notorias en torno a qué criterios establecer para su reparto. Desde la denominada España vaciada aspiran a un mayor reconocimiento en el modelo de factores como la dispersión poblacional y el envejecimiento, que, aseguran, impactan en un mayor coste de los servicios públicos en sus respectivos territorios. Otras comunidades, como Andalucía, Murcia o Comunidad de Valencia, reclaman mayor peso de la población a la hora del reparto de las partidas para el funcionamiento de la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Agenda canaria


Canarias forma parte de las comunidades de régimen común, pero se diferencia de estas al tener especificidades fiscales y económicas, nuestro Régimen Económico y Fiscal y nuestro estatus de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea. En realidad, no somos ni sistema foral ni régimen común; y debemos combinar las relaciones multilaterales, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las relaciones bilaterales con el Estado. En el actual debate Canarias defiende la separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica. Una separación recogida en el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de 2018 y en el artículo 3.4 del nuevo REF. Defendemos, asimismo, que en materia de población ajustada se pondere adecuadamente la insularidad y se tengan en cuenta los parámetros económicos y sociales, como los niveles de desempleo o pobreza.


Por otra parte, Canarias tiene pendiente en su agenda el cierre del contencioso de carreteras con el Estado, especialmente en lo referido a la adenda al convenio vigente, por 407 millones de euros; actualizar distintos asuntos que conciernen al REF, especialmente los referidos a la Zona Especial Canaria (ZEC); y alcanzar compromisos en materia migratoria, desde la participación de nuestra comunidad en las políticas que nos afecten, como se recoge en el Estatuto, y en el establecimiento de mecanismos para garantizar la atención más adecuada a los menores no acompañados, mediante su distribución entre las comunidades.


En definitiva, este ciclo electoral nos condiciona, pero no puede detraer energías en el cumplimiento de la agenda política, en la atención a cuestiones tan relevantes que afectan a la economía y al bienestar de la gente. Además, hay que seguir combatiendo los efectos de la pandemia de la COVID-19, protegiendo la salud y continuando con la recuperación iniciada en 2021 en la economía -como confirman, entre otros datos, la recaudación tributaria canaria, un 12% más que en 2020- y las buenas cifras de empleo al cierre del pasado año. Para lo que se precisa redoblar los esfuerzos en la vacunación y en el resto de las medidas preventivas y, asimismo, volver a activar el Fondo COVID para contribuir a hacer frente a las necesidades sanitarias, educativas y económicas que está suponiendo la sexta ola.

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