El 3,3% de los canarios en el umbral de la pobreza reciben una renta mínima

Canarias es la segunda comunidad de España con menor proporción de personas en el umbral de la pobreza que perciben rentas mínimas de inserción concedidas por las administraciones regionales, con el 3,3%, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia que, en el conjunto del país, solo el 9% de la población que vive en el umbral de la pobreza cobra una renta mínima de inserción autonómica, aunque con “diferencias extremas”, que van de la cobertura del 61,8% del País Vasco o el 59,6% de Navarra al 1,7% de Castilla-La Mancha.

A cierre de 2020, por detrás del País Vasco y Navarra les siguen de lejos Asturias (19,2%), Cantabria (16,8%), Cataluña (12,3%), Aragón (10,9%) y Baleares (10,2%). Detrás se situaron Madrid (8,4%), Castilla y León (8,3%), Extremadura (7,6%), Comunidad Valenciana (6,9%), La Rioja (6,7%), Murcia (6,4%) y Andalucía (5,3%). A la cola están Galicia (4,6%), Canarias (3,3%) y Castilla-La Mancha (1,7%).

Ante estos datos, la asociación ha solicitado al Ministerio que simplifique la tramitación de los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se “cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias y recuperar los 1.000 millones de euros que no ha gestionado en el año de la mayor crisis social de la historia reciente de nuestro país”.

Asimismo, reclaman a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas “se orienten a la garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto laboral de escasez y precariedad de oportunidades”.

Por otro lado, siete comunidades (Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja) redujeron el presupuesto y el número de beneficiarios de rentas mínimas “con la coartada del ingreso mínimo vital” que se puso en marcha a mediados de ese año.

El informe afeó a Madrid por ser la que más redujo el número de beneficiarios (12.471) el año de “la mayor crisis social de los últimos años. Esto se une al descenso en 130 millones de euros del presupuesto para esta prestación, haciendo caja con el dinero destinado a la atención de las personas más vulnerables”, criticó. Por el lado contrario, Cataluña fue la que más aumentó el número de beneficiarios (42.414), seguida por Andalucía (34.858), Valenciana (34.450) o Canarias con 12.837.