El Gobierno sabía que no iba a conseguir apoyos para aprobar el real decreto ley por el que se regula la obligatoriedad de usar las mascarillas en exteriores y, por eso, pensaba en otras opciones para ponerlo en marcha. Ahora, muchas comunidades autónomas reconocen que la viabilidad de la norma es “muy frágil” y que la gran posibilidad de que decaiga en el Congreso de los Diputados hace casi “imposible” multar a sus ciudadanos. Se crea así una suerte de vacío legal. De hecho, los policías desisten de hacerlo en la gran mayoría de los casos. La sanción prevista por esta falta es de 100 euros. Los departamentos de Salud Pública apenas reciben notificaciones por esta infracción, pese a que fue una de las más sancionadas durante el primer estado de alarma. “Las multas las pone la Policía Local y ahí no podemos saber si hay alguna indicación, pero a nosotros no nos llega nada”, explican desde los órgano sanitarios.
“Es una cuestión de matemáticas”, afirman fuentes autonómicas tanto de regiones del PSOE como del PP, que aseguran que es casi imposible desplegar el real decreto ley para el uso de mascarillas en exteriores. Cuando se anunció fue criticado por la gran mayoría de los partidos (desde Vox hasta Más País), por lo que cuando se vote en la Cámara será “imposible” conseguir los apoyos.
Fuentes policiales consultadas en diversos puntos del país transmiten que no se están haciendo propuestas de sanción por no llevar mascarilla, porque “no valen para nada y no se llegan a enviar”. Entre los cuerpos de la Policía Local, encargados de poner estas sanciones, están bastante “desmotivados” después de lo vivido con los estados de alarma. El vacío legal que quedará latente cuando el Congreso rechace el real decreto ley obliga a los pocos policías que ponen multas por no llevar mascarilla a usar otra vía: la de la ley de seguridad ciudadana. Por eso, las que se están poniendo responden a motivos de “desobediencia” por la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, cuando los agentes dicen a alguien que se ponga la mascarilla y este se niega. La labor de los cuerpos de seguridad está siendo la de hacer pedagogía. “Se le explica a la gente que es obligatorio, se la ponen y continúan con la marcha”, comentan. Aunque admiten que han recibido instrucción de denunciar desde el día 23, “la tónica general, tras haber quedado anuladas las miles y miles de denuncias anteriores”, es intervenir “por requerimiento”. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es preparar otro decreto con restricciones.
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