tribuna

Recuperar el Fondo COVID para 2022

La pandemia de la COVID-19 acumula ya más de 5,5 millones de muertes y 320 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Con Estados Unidos a la cabeza en contagios (65 millones) y en muertes, 850.000. En el Estado español, ocho millones de casos y más de 90.000 fallecidos. Y en Canarias hemos superado los 200.000 contagios desde que comenzara en los primeros meses de 2020, teniendo que lamentar desde entonces más de 1.200 defunciones. Estamos inmersos ahora en la sexta ola, la de la predominancia de la variante ómicron, mucho más contagiosa pero menos letal. Con graves consecuencias en la saturación de los servicios sanitarios y que, por el amplio número de bajas laborales, está afectando mucho a las administraciones, a las empresas y al conjunto de la economía. Ante esta difícil situación considero que, como ha ocurrido con la decisión de mantener la suspensión de las reglas fiscales, continúa siendo necesaria la aplicación de otros instrumentos extraordinarios, recuperando los fondos COVID.

La vacunación desplegada masivamente desde comienzos del pasado año 2021 -eso sí, de forma desigual, olvidando a los países empobrecidos, con enormes dificultades económicas para acceder a los viales- ha tenido efectos muy positivos, evitando cuadros más graves de la enfermedad y reduciendo significativamente la mortalidad. Pero queda todavía mucho por hacer frente a esta pandemia que continúa causando estragos sanitarios, económicos y sociales en todo el planeta.

Políticas expansivas

En los años 2020 y 2021 la pandemia causó graves problemas a la economía privada y, asimismo, impactó fuertemente en la pública, con la notable reducción de los ingresos fiscales de las distintas administraciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera de 2008-2014, la respuesta de las instituciones estuvo en esta ocasión a la altura de las necesidades de la Administración, de las empresas y de la ciudadanía. Entonces hubo recortes que lastraron la educación, la sanidad y los servicios sociales, mientras que en la actual crisis se ha producido un crecimiento presupuestario sin precedentes.

Las políticas expansivas de gasto público, sustentadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Unión Europea (UE) y, fundamentalmente, en los presupuestos estatales y en los créditos especiales que se habilitaron, permitieron apoyar y sostener al sector privado en las peores circunstancias, gracias a los créditos ICO, los prolongados ERTE, las ayudas por cese de actividad de los autónomos, las ayudas directas -a fondo perdido- dirigidas a autónomos, pymes y empresas, determinadas bonificaciones y la bajada de los tipos de interés. Muy distintos de los abusivos tipos de interés, la subida de impuestos y la ausencia de ayudas a las empresas que caracterizaron a la anterior crisis.

En lo que se refiere al sector público, además de la suspensión de las reglas fiscales, en esta etapa han sido esenciales los recursos suplementarios que se han puesto al servicio de la sanidad, la educación o los derechos sociales, determinantes para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Se adoptaron medidas como la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), dirigidas a las personas más vulnerables; y de manera muy relevante se ampliaron, con fondos COVID y aportaciones de nuestra comunidad canaria, los recursos destinados al sistema sanitario y al sistema educativo, que han dispuesto en el 2020 y en el 2021 de partidas adicionales que han permitido responder a las elevadas demandas originadas por la COVID-19, en personal y en dotaciones materiales sanitarias (vacunas, test o equipamientos de protección); y, en el caso de la educación, desdoblar aulas y garantizar la enseñanza presencial.

Fondos Covid

En este sentido, considero esencial el papel jugado por los fondos COVID. Unos fondos que fueron establecidos por el Gobierno central en 2020 y aplicados ese año y en 2021 para responder a la emergencia sanitaria, económica y social.

En 2020 se dotó con 16.000 millones, de los que 583 correspondieron a Canarias. Sus criterios de distribución entre las nacionalidades y regiones tuvieron en cuenta los efectos de la pandemia -ingresos en las UCI, número de personas hospitalizadas, pruebas PCR realizadas o población protegida-, pero también su impacto en el sistema educativo, por la reducción de las ratios y la consiguiente masiva contratación de nuevo profesorado. Además, el fondo incidía en la compensación de los menores ingresos de las administraciones públicas con relación a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, por la significativa reducción de la actividad económica, Y el impacto presupuestario en el transporte público. Y en 2021 se asignaron a estos fondos 13.500 millones, de los que 629 correspondieron a nuestro Archipiélago. En esta ocasión, el criterio de reparto fue el de población ajustada.

Los fondos COVID contribuyeron decididamente a que pudiéramos contratar a miles de sanitarios y docentes para hacer frente a los condicionantes de la pandemia. Pero no suponen el total del incremento del gasto sanitario y educativo, para lo que ha sido fundamental la suspensión de las reglas fiscales y la consiguiente posibilidad de que pudiéramos utilizar el superávit y los remanentes de la comunidad.

La situación en la actual fase de la pandemia sigue siendo muy complicada en todo el mundo y, por supuesto, también en las Islas. En nuestro caso, con miles de sanitarios y docentes que se encuentran de baja médica; saturación de la atención primaria, por la intensificación de las pruebas diagnósticas y por la gestión de las bajas; y de los hospitales, por el aumento de los ingresos y de las personas atendidas en las UCI; crecimiento exponencial de los casos de incapacidad laboral que dificultan el normal funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas y de numerosas empresas. Y en el ámbito educativo, con las dificultades que el incremento de contagios supone para mantener en adecuadas condiciones la presencialidad en las aulas.

Servicios públicos esenciales

Ello obliga a sostener un enorme esfuerzo al Gobierno de Canarias para garantizar la atención sanitaria y educativa. Por eso, entendemos que, al igual que se ha mantenido la vital suspensión de las reglas fiscales este año 2022, el Gobierno de España debe, entre otras medidas, habilitar un crédito, que debería rondar los 10.000 millones de euros, para ayudar a las comunidades, que gestionamos los servicios públicos esenciales, a soportar los gastos adicionales que la pandemia está generando y que generará en el próximo periodo.

Es una petición que comparten la mayoría de las comunidades y que ya estuvo sobre la mesa en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y en la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 21 de diciembre, cuando la situación de la sexta ola era mucho menos grave que en estos momentos; aunque no se llegó a concretar. Unos fondos COVID que se hace preciso recuperar para afrontar con las mayores garantías posibles esta sexta ola de la pandemia y para evitar el colapso y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Considero que es una petición más que razonable que el Gobierno central debe promover y la mayoría de progreso apoyar en su tramitación parlamentaria en las Cortes.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias

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