El Gobierno de Canarias ampliará en un mes el plazo para la justificación de las ayudas directas que, por un importe de 1.144 millones de euros, se concedieron a empresas, pymes y autónomos por la crisis provocada por la pandemia, según anunció ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. El Archipiélago había logrado la mayor aportación de todo el Estado por parte del Ejecutivo de Sánchez para paliar la crisis económica de la COVID.
Al finalizar una visita al municipio grancanario de Santa Lucía y preguntado por los medios de comunicación, Rodríguez confirmó la ampliación del citado plazo a raíz de las peticiones recibidas por los beneficiarios y al objeto de culminar “el buen trabajo realizado” en esta materia por todas las partes implicadas. “Este ha sido un expediente que se ha tramitado diligentemente por el Gobierno de Canarias, que distribuyó ayudas más que nunca y más que nadie antes”, apuntó el vicepresidente.
Rodríguez destacó la importancia del decreto regulador de estas subvenciones elaborado por la propia Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y la distribución por parte de las cámaras de comercio. Al respecto, comentó que la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el órgano que fiscaliza las subvenciones, comprende las razones de los beneficiarios al solicitar una ampliación de los plazos.
El vicepresidente también se mostró partidario de la ampliación de los ERTE y precisó que el Ejecutivo regional defiende la prolongación de esta herramienta, “que se ha sido decisiva para paliar los efectos económicos más graves de la crisis provocada por la pandemia gracias a un desembolso público de 40.000 millones de euros”.
Rodríguez abogó por la continuidad de los ERTE, con independencia de su encaje normativo. “Bien como los conocemos en la actualidad o bien con su incorporación a la reforma laboral, los ERTE deben seguir”, arguyó. Además, insistió en la reclamación del cuatripartito -al igual que ha hecho el Parlamento- de que el Gobierno central amplíe a este año el periodo de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) de 2017.
Rodríguez recordó que ya hubo una prolongación el año pasado, gracias a la iniciativa política de la Administración autonómica y el “empuje” en las Cortes de formaciones como Nueva Canarias. En todo caso, reiteró que no se está ante un incumplimiento del REF, sino que “se trata de una petición que se hace desde Canarias debido a la pandemia y a la erupción en La Palma”.
En Santa Cruz de Tenerife, el Parlamento rechazó con los votos de los grupos gubernamentales una iniciativa de CC-PNC-AHI para la fiscalización de la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva para la recuperación de la crisis de la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021. La solicitud de que la Audiencia de Cuentas fiscalice estos fondos fue apoyada por el PP, y obedecía al argumento de que el Ejecutivo no ha reunido trimestralmente a la comisión de seguimiento ni entregado al Legislativo el informe sobre la ejecución de las partidas antes del 30 de septiembre, como estaba acordado, expuso el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán. Pero PSOE, NC, SPC y ASG esgrimieron que la fiscalización de la Audiencia de Cuentas ha de realizarse cuando concluya el plan e instaron a la oposición a que presente preguntas, solicitudes de comparecencia, peticiones de documentación y demás instrumentos parlamentarios si quieren recabar información. Barragán replicó que su grupo ha requerido la información “veinte mil veces”, sin éxito, y denunció que “hay demasiada información que no se puede fiscalizar”. Carlos Ester, del PP, acusó a los grupos de gobierno de “bloquear la transparencia” sobre la ejecución para ocultar su mala gestión y que en realidad se trata de “un plan de bombo y platillo”.
Nayra Alemán (PSOE) reprochó a la oposición que siembre “dudas, sombras y sospechas”. La diputada de Nueva Canarias Esther González señaló que la función de la Audiencia es fiscalizar a posteriori”, una posición similar a la expuesta por Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) y Jesús Ramos (ASG).
Audiencia de Cuentas: el anterior Ejecutivo obvió el 35,3%
El Ejecutivo de Canarias ha incumplido el 35,3% de las recomendaciones emitidas por la Audiencia de Cuentas y de las resoluciones aprobadas en el Parlamento para mejorar la gestión económico-financiera de la cuenta general de la Comunidad Autónoma. Así se desprende de un informe expuesto en la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el presidente del organismo fiscalizador, Pedro Pacheco, sobre los ejercicios de 2016 y 2017. El motivo de no aplicarlas es variado: en el 17,6% de los casos se desconoce la razón. De las 51 recomendaciones y resoluciones, un 64,7% fueron aplicadas; el 31,4%, total o sustancialmente, y el 33,3%, parcialmente.
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