El Protocolo Antidesahucio de Santa Cruz para más de 200 desalojos en una década

Hace una semana que una madre y sus tres hijos respiran un poco más tranquilos. La pandemia, como a todos, les ha pasado factura, pero en su caso ha sido tal que han estado a punto de perder su casa. La intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz ha paralizado el desahucio hipotecario que estaba previsto para el jueves de la semana pasada. La activación del Protocolo Antidesahucio, medida en la que Santa Cruz fue pionera hace ya diez años, permitió que la entidad bancaria propietaria del inmueble accediera a negociar un alquiler social.

A través de esta mediación, se han paralizado más de 200 desahucios desde 2012. “Esta vecina de la capital tenía fecha para el lanzamiento y, gracias al Protocolo, que nuevamente vemos que funciona y tiene efectividad, se consiguió la paralización de dicho desalojo. Estamos en conversaciones con la entidad bancaria, con la que hay posibilidad de que el desenlace final sea el de un alquiler social”, explica a DIARIO DE AVISOS la concejala de Acción Social de Santa Cruz, Rosario González. En este caso concreto, detalla, “es una usuaria conocida, con la que veníamos trabajando desde hace tiempo y, cuando nos llegó la notificación del juzgado, actuamos por la vía de emergencia”. “El nuevo equipo para atender las urgencias -continúa-, nos permitió comenzar las negociaciones a través de ellos. En un primer momento, se puso el propio banco en contacto con nosotros a raíz de que les llegó la carta del alcalde, que se genera cuando se pone en marcha el Protocolo, en la que se solicita que se paralice y se tomen esas medidas”.

En 2012, el Ayuntamiento de Santa Cruz fue el primero de España en implementar ese Protocolo Antidesahucio en la ciudad. Han pasado diez años y, de aquellas primeras intervenciones, relacionadas fundamentalmente con los impagos hipotecarios, se ha pasado a que predominen las del alquiler. En estos momentos, “desde el IMAS venimos teniendo entre 10 y 15 actuaciones mensuales relativas a vulnerabilidad por pérdida de vivienda (hipotecarias, alquiler, desahucios y pérdidas de vivienda en general). Principalmente redactamos los informes para el juzgado con el objetivo de paralizar este tipo de desalojos, pero también intermediamos si es posible entre las partes”, indica González.

La concejala delegada del IMAS admite que, cuando se interviene para mediar en un desahucio, “con las entidades bancarias la relación es más fluida, es más común que lleguemos a acuerdos de alquiler social, el problema viene cuando pertenecen a algún fondo buitre, ahí sí es mucho más complicado ejercer esta mediación, porque constantemente cambian a la persona responsable. Lamentablemente cada día nos encontramos con menos propiedades que pertenezcan a bancos y más que pertenecen a fondos”.

González indica que, cuando se inicia el Protocolo, se trabaja en varias vías. “Por un lado, tenemos la acción de los servicios sociales mediante la elaboración de los informes de vulnerabilidad social para la paralización de los lanzamientos, mientras que, por otra vía, es el propio alcalde el que se dirige a la entidad bancaria propietaria para que paralice y se negocie, y todo eso va en conjunto, a la vez que vamos trabajando con el usuario”.