Reforma laboral

La reforma laboral fue aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados en un pleno muy tenso, circunstancia que casi no constituye novedad alguna en la crispada política estatal. Su aprobación es una buena noticia por lo que supone de restitución de parte de los derechos cercenados en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, mejorando las condiciones laborales de mucha gente, y por ser fruto del acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno estatal, frente a legislaciones anteriores impuestas sin el menor diálogo. Aunque hay aspectos, relativos al marco competencial laboral de las comunidades y respecto al tercer sector, que deben ser mejorados.

La aprobación se consiguió por solo un voto de diferencia, y gracias al error cometido por un diputado extremeño del PP que no tuvo su día y se equivocó telemáticamente en otras dos votaciones; y con el aderezo del papel jugado por los dos diputados de UPN, que de forma deleznable y por razones que se desconocen aunque se intuyen y conoceremos más pronto que tarde, mintieron a la opinión pública, al Gobierno y a la dirección de su partido, sobre la orientación de su posicionamiento; y desobedecieron las indicaciones de su organización respecto al sentido de su voto.

Sin olvidar las significativas grietas que el debate y la votación abren en el denominado bloque de investidura, mostrando su debilidad y el grado de inmadurez o de tacticismo electoralista de algunos de sus componentes que no priorizaron en ningún momento la mejora de las condiciones laborales de mucha gente afectada por la precariedad y la temporalidad. Y difuminando el éxito de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la consecución de tan complicado acuerdo entre sindicatos y patronal, lo que puede tener consecuencias negativas en el proyecto político alternativo que pretende abanderar.

Una aprobación de la reforma laboral que se produjo con apoyos diversos y parcialmente ajenos al conjunto de partidos que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Con votos favorables a la misma por parte de los diputados y las diputadas de las dos formaciones que integran la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de la bancada de Ciudadanos y de algunos partidos regionalistas y nacionalistas, entre ellos las dos formaciones canarias; y el voto en contra de un abanico amplio de siglas, que iba desde el PP y Vox hasta Bildu y ERC. Como se puede observar, pluralidad en el apoyo y en el rechazo.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, apoyó con su voto la convalidación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo, por eliminar algunos de los elementos más nocivos de la anterior legislación del PP (2012) y apostar por reducir la temporalidad y favorecer la negociación colectiva, así como apuntar hacia la mejora de los salarios y de la formación. Por contribuir, en definitiva, a combatir el elevado desempleo y la alta precariedad laboral que se padece en todo el Estado español y de manera relevante en nuestro Archipiélago.

Con la nueva ley, el contrato de trabajo se presume concertado de manera indefinida y los contratos temporales pasan a ser considerados excepcionales y deben estar sometidos a causas muy estrictas, por circunstancias de la producción que precisen de más mano de obra puntual o para realizar sustituciones de trabajadores. Y, respecto a los contratos de formación, estos no podrán ser inferiores a seis meses ni superiores a un año. Con relación a la subcontratación, protege de manera muy destacada a los trabajadores de las empresas subcontratadas que se acogerán al convenio del sector, sin que puedan percibir salarios inferiores a este.

Además, se recoge una nueva regulación que quiere facilitar los ajustes en el trabajo sin que se produzcan despidos, aprovechando la experiencia muy positiva que han supuesto los ERTE aplicados en la pandemia de la COVID-19. A través de los denominados Mecanismos Red que posibiliten afrontar crisis económicas globales o que afecten a sectores económicos concretos; pudiendo las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones temporales de empleo. Un mecanismo que conlleva, además, la formación de los trabajadores y las exenciones de cotizaciones entre el 20% y el 90%.

Una reforma realizada mediante un acuerdo histórico entre los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, y la CEOE que deja fuera algunos aspectos como el respeto a los convenios territoriales o el tratamiento adecuado al tercer sector, que se ve en una situación complicada con la desaparición de los contratos de obras y servicios; habrá que buscar fórmulas para aclarar la situación de organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajan con programas que no son permanentes. Pero, globalmente, la reforma supone, sin duda, un avance en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Plantear, como han hecho algunas organizaciones de izquierdas o del ámbito nacionalista, que no se consiguió la plena derogación de la normativa hasta ahora vigente, resulta una obviedad. Es así. Y el texto supone un avance reformista, no una ruptura. Un avance, no hay que olvidarlo, en un marco de desmovilización y en medio de una ola conservadora. Un avance en unas circunstancias en que no había mayorías parlamentarias para ir mucho más allá en sus contenidos.

Por otra parte, el papel del PP resulta poco o nada entendible en un partido con vocación de gobierno. Es muy difícil poder explicar su rechazo frontal a una reforma moderada como esta, que, además, resulta imprescindible para que puedan llegar los fondos europeos. Tumbarla tendría enormes consecuencias económicas y sociales. Además, la reacción de la cúpula del PP al error en el voto de su diputado que posibilitó la convalidación del decreto resulta muy preocupante. Hablar sin más de pucherazo nos remite a las reacciones de líderes populistas en todo el mundo que ponen en cuestión los resultados de las urnas cuando estos les son desfavorables; más aun cuando la metida de pata fue propia y se produjo no solo en la reforma laboral sino también en otras dos votaciones de las que se produjeron ese día en la Cámara.

Una deslegitimación que ya hizo Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de finales de 2020, negándose a reconocer el resultado pese a la clara victoria de Joe Biden. Lo repitió Keiko Fujimori el pasado verano, sin prueba alguna, pero poniendo en riesgo la frágil democracia peruana. Lo está haciendo, en modo preventivo, Jair Bolsonaro, que ya anuncia un fraude en las próximas presidenciales brasileñas.

Y si esto es grave, no lo es menos el asalto a las instituciones que representan la voluntad ciudadana. Nos asombramos con lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero de 2021, con la entrada violenta de un millar de manifestantes que cuestionaban los resultados de las elecciones estadounidenses y alentaban un golpe de estado. Un hecho de enorme gravedad al que el Partido Republicano, trufado de trumpismo, restó y resta importancia. Lo ocurrido hace unos días en Lorca, con el asalto a su ayuntamiento por un grupo de violentos manifestantes que lograron suspender el pleno municipal, repite el procedimiento y merece el contundente rechazo de todas las personas demócratas. No vale el silencio ni la justificación ante comportamientos autoritarios en los que una minoría pretende imponer por la fuerza sus particulares criterios e impedir el democrático funcionamiento de las instituciones conformadas sobre la base de la soberanía popular. Solo cabe la condena más firme y rotunda, sin peros ni matices de ningún tipo. Los que callan, como el PP, o justifican los hechos, como ha hecho Vox, están alimentando una deriva totalitaria frente a la que no cabe inhibirse. Los que blanquean y pactan con la ultraderecha tienen su cuota de responsabilidad, alimentando a un monstruo que puede terminar por devorarlos, como comienzan a reflejar algunas encuestas.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias