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Una democracia defectuosa

El secretario general del Congreso de los Diputados ha trasladado a la presidenta el informe de los letrados que avala -y justifica- su actuación en el asunto del voto telemático de Alberto Casero. La presidenta lo ha filtrado en vísperas de las elecciones en Castilla y León, y los medios de izquierda -la mayoría- se han apresurado a presentar este informe como un dictamen definitivo que zanja la controversia de una vez por todas. Nada más lejos de la realidad. El propio interesado y su partido han presentado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23.1 de la Constitución, al negar al diputado popular su derecho fundamental a la participación política. Aunque no es muy probable, estos recursos podrían tener algún recorrido, y ya se está advirtiendo que actualmente siete de los doce magistrados del Tribunal pueden ser calificados de progresistas o no conservadores.
Porque en España los jueces y fiscales y sus asociaciones tienen perfiles políticos y son nombrados o elegidos por determinados partidos políticos, lo que no se corresponde mucho con las repetidas afirmaciones de independencia judicial ni con las proclamas de nuestros políticos sobre acatamiento de las sentencias judiciales de las que sus amigos -o enemigos- han sido ponentes. Es precisamente por este motivo por lo que The Economist Democracy Index 2021, en su último informe sobre las democracias en el mundo, ha rebajado la calificación de España de “democracia plena” a “democracia defectuosa”, una rebaja de la que, por cierto, no han dicho una palabra ni el Gobierno ni los referidos medios de izquierda. Asusta pensar en la algarabía que hubieran montado estos medios si el Gobierno fuese de los populares: algunos de estos medios -laSexta-, sus programas y sus periodistas son auténticos aparatos de agitación y propaganda, al servicio de la izquierda española y la destrucción de la derecha.
Por otra parte, los letrados del Congreso, al igual que los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda o cualquier otro alto funcionario, son precisamente eso, funcionarios, y su labor consiste en defender al Estado, sus instituciones y sus autoridades. En toda controversia jurídica hay dos partes, que esgrimen argumentos contradictorios y solicitan sentencias muy dispares, y en este caso los letrados del Congreso solo representan a una parte, no a las dos. Y sus argumentos -muy discutibles en algunos casos- son los argumentos de una parte, no de las dos.
Por supuesto, toda institución política que no sea unipersonal tiene sus propias normas y reglas internas para formar su voluntad. Pero esas normas, o, más bien, su interpretación sesgada, no pueden conducirnos al absurdo de que su voluntad real, materialmente comprobada más allá de toda duda razonable, sea ignorada y sustituida por una mera ficción informática. Sobre todo en un sistema político como el español, en el que las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado están preocupantemente lejos de la exquisita neutralidad, por ejemplo, de la presidencia -el speaker- de la Cámara de los Comunes. La presidenta habló en nombre de una Mesa que no había reunido, como el Reglamento le obligaba, pero daba igual: en la Mesa también tiene mayoría el Gobierno.

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