economía

El alza en el precio de los cereales de Ucrania afecta al campo isleño

El presidente autonómico confirma el impacto de la escalada inflacionista en el sector primario regional; el Ejecutivo presenta al Consejo Asesor un informe con tres escenarios
Consejo Asesor del presidente del Gobierno de Canarias. DA

La escalada inflacionista que afecta a los cereales procedentes de Ucrania impacta en el sector primario canario, según confirmó ayer Ángel Víctor Torres tras una reunión de su Consejo Asesor para evaluar las consecuencias económicas de la invasión rusa.

Al igual que se hizo con motivo de la erupción del volcán de La Palma, el presidente autonómico abogó por aportar medidas consensuadas que contribuyan a paliar los sobrecostes que este conflicto bélico acarreará al campo isleño por la carestía o desabastecimiento de insumos.

Reunido en Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Asesor analizó un informe elaborado por la Consejería de Economía que establece tres escenarios posibles, con sus respectivas repercusiones, en la evolución de esta coyuntura de incertidumbre, el peor de los cuales supondría “una afección descabellada” y una deflación como la registrada en 2020 por la COVID-19. El primer estadio apunta a una previsible normalización, de darse un alto el fuego definitivo en breve, mientras que el escenario intermedio, referido a una duración moderada, de meses, llevaría a revisar a la baja el crecimiento del PIB y la evolución del empleo, detalló el secretario general de CC.OO. de Canarias, Inocencio González.

Tanto Torres como los presidentes de las principales patronales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Agustín Manrique de Lara y José Carlos Francisco, respectivamente y los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Canarias, el citado y Manuel Navarro, coincidieron en que esta invasión no tendrá, a priori, efectos directas para una región que sí podría verse perjudicada por cómo se traduzca en Alemania y Reino Unido la escasez de petróleo y gas procedentes de Rusia, además de por la subida de precios, que fue del 6% en enero y se prevé que haya llegado al 7% en febrero, transmitió Francisco a los medios de comunicación.

Todos los interlocutores condenaron el ataque de Rusia de Ucrania, que Torres achacó a “los delirios de un sátrapa que, saltándose toda la legalidad internacional, está masacrando a un pueblo inocente”. Además, expresaron su deseo o exigencia -particularmente Torres- del fin de esta contienda, porque, de prolongarse mucho en el tiempo, tendría unos efectos imprevisibles.

Manrique de Lara consideró oportuno que en esta coyuntura, en la que también se producen ofensivas cibernéticas a administraciones públicas, no se debe caer en el abatimiento, sino que lo que corresponde es ayudar, “la acción”. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios reclamó a la Administración “agilidad, eficiencia y seguridad y un marco flexible en todos los ámbitos”, de manera que se disponga de una red social para atender a las personas más vulnerables. Aunque, reveló Torres, no fue un asunto abordado en la cita de este lunes, Manrique de Lara planteó la necesidad de que “se relajen las medidas fiscales”, no solo para las empresas, sino para las familias, habida cuenta del alza de precios que mermara su poder adquisitivo, y que se “moderen o paralicen las previsiones de crecimiento de los tipos de interés”. Lo que más preocupa a la CCE-CEOE es la “incertidumbre”.

José Carlos Francisco, de CEOE-Tenerife, recalcó que esta es “una legislatura especialmente convulsa, con demasiados sobresaltos para corazones normales”. A su entender, las características del golpe socioeconómico de este desafío de Vladímir Putin dependerán de la amplitud territorial y la prolongación temporal, con la inflación como su máxima inquietud: derivará en otros daños, como el coste del dinero y el número de desplazados que genere, que ya se ha calculado en cinco millones. Esa sería, en su opinión, una cantidad de refugiados asumible para la Unión Europea. En tal sentido, cree que Canarias está capacitada para la acogida, como ha ya avanzado Torres.

Los representantes sindicales incidieron en que, como ocurrió con la crisis desatada por la COVID-19, se ha de propiciar “amparo social” a empresas y trabajadores: “La participación pública debe garantizarse”.

El Consejo Asesor se convocará periódicamente para llevar un seguimiento de la situación.

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