La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, acordó ayer darse un mes para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones que son vestigios franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.
Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica decidió que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.
Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.
Esta decisión fue respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.
En la reunión estuvieron presentes, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, además del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. Este último, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, valoró el sentido en el que se desarrolló la reunión, apuntando que “seguimos con los procedimientos para cumplir con las leyes de memoria histórica. Hemos expuesto el trabajo que hemos realizado con la ULL en el marco de las competencias de nuestra Viceconsejería de Patrimonio Cultural, y seguiremos trabajando en las siguientes fases”. No hay que olvidar que, frente a las críticas de Santa Cruz, la Viceconsejería defiende que el Catálogo de vestigios franquistas se irá completando por fases, por lo que se empieza por la capital y se seguirá con el resto de municipios. Frente a esta postura, la del Ayuntamiento de Santa Cruz, que insistió en exigir el desarrollo de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, tal y como se recoge en el artículo nueve de la norma regional.
Así, en la reunión se pidió al Gobierno de Canarias la definición de esa estrategia como punto de partida para abordar otras cuestiones referidas a la retirada de vestigios franquistas en el Archipiélago y evitar, además, generar inseguridad jurídica en actos administrativos relacionados con la aplicación de la Ley.
Desde el Ayuntamiento se defiende que, una vez que entró en vigor la Ley de Memoria Histórica de Canarias, se ha de aplicar tal y como está aprobada, de ahí que proceder a la retirada de cualquier vestigio sin que se hayan dado todos los pasos previos que recoge la norma podría acarrearle problemas jurídicos a la ciudad.
Durante el encuentro, tanto Bermúdez como Díaz Guerra insistieron que la Ley, en su artículo 9, establece que el Ejecutivo autonómico debe impulsar una estrategia en este ámbito, que recoja los objetivos, prioridades y financiación que deben regir el proceso de aplicación de dicha Ley, y que es clave para conocer qué marco van a trabajar las diferentes administraciones implicadas.
Desde el Ayuntamiento se ahonda en esta explicación, al señalar que, en su apartado tercero, dice la Ley que “la colaboración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con las entidades locales del Archipiélago y con entidades privadas para la realización de actuaciones en materia de memoria histórica estará condicionada a que estas estén contempladas o sean conformes con los objetivos y prioridades establecidos en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias”.
Además, recuerdan que dicha Estrategia, tal y como recoge la Ley, debe ser informada previamente en la Comisión Técnica y debatida en el Parlamento de Canarias, antes de ser aprobada.
El alcalde insistió en que “Santa Cruz aplicará la Ley en los términos en los que esta se expresa, pero las administraciones necesitamos seguridad jurídica para el desarrollo de los actos administrativos derivados de ella”.
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