No son las mejores previsiones posibles, pero tampoco las peores. El crecimiento en Canarias este año será de un 6,3% gracias al tirón del turismo y el sector servicios, pero la recuperación económica de las Islas se retrasará hasta finales de 2023. Todo esto en un contexto lleno de “riesgos e incertidumbres”, como la posibilidad de que la inflación se transforme en estanflación, la interrupción de la cadena de suministros ante la situación en China, la extensión de la guerra en Ucrania, la subida de tipos por parte de los bancos centrales o la eliminación de los incentivos públicos.
El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, presentó ayer, junto al economista José Miguel González, el Informe de Coyuntura Económica de la patronal correspondiente al primer trimestre del año y señaló, incluso, que la estructura económica de Canarias, basada en los servicios, “puede ser una tabla de salvación” en este contexto. Sin embargo, hay una preocupación máxima en el sector empresarial, además de las posibles incertidumbres conocidas: el excesivo gasto público o, como lo denominó Alfonso, “el gasto superfluo”.
El gasto público se sitúa en España en el 51,5% del PIB, mientras que los ingresos no han logrado superar el 43,7% del PIB. La preocupación se centra en el presupuesto asignado de los Fondos Next Generation que se están destinando principalmente al sector público. De hecho, solo el 27% de los fondos recibidos por parte de europeos ha llegado a las empresas. “Difícilmente se va a poder asentar la recuperación económica si todo el dinero va a la Administración pública y no se pueden generar nuevos nichos empresariales, nuevos empleos y más actividad”.
Además, señaló que el aumento del déficit público y del coste financiero de la deuda puede llevar a recortes presupuestarios que se centren en rebajas en la inversión pública. A esto hay que sumar que el Estado, al no eliminar el gasto superfluo y no tener más ingresos por la menor actividad, se está planteando una subida de la presión fiscal, “algo que ni las familias ni las empresas pueden soportar”. Por ello, insistió en la necesidad de “bajar impuestos y reducir el gasto superfluo”.
En este sentido, José Miguel González aclaró que no hay que modificar tipos impositivos, sino deflactar las series que ya existen y adaptarlas a la evolución de la inflación. “Con un manual de Economía en la mano, una inflación de oferta se corrige a través de una política fiscal expansiva, acomodando el estado de bienestar a los recursos disponibles. Bajar impuestos no lleva aparejado una disminución de la recaudación; incentiva el consumo”, indicó.
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