La izquierda española y sus numerosos medios de comunicación tienen la incuestionable virtud de soslayar los principios constitucionales más obvios y fundamentales enmascarándolos en una verborrea descalificadora y unos lemas fraudulentos. Y así, el incauto o despistado ciudadano, que no tiene ni tiempo ni ganas de leerse la Constitución, es obligado a comulgar con ruedas de molino desinformativas y a comprar una mercancía averiada por la mala fe. Es una práctica que la izquierda mediática española utiliza habitualmente con enorme desenvoltura, y que pone en tela de juicio los débiles fundamentos de nuestra frágil y más que pobre democracia. Y cuando esa práctica torticera afecta a un sector tan sensible y determinante como es la educación, se activan todas las alarmas, y nuestra condición de Estado de Derecho y democracia avanzada sufre un irremediable deterioro y queda más que en entredicho.
Por motivos muy obvios, la educación es objeto de deseo del poder, que pretende así controlar y orientar en su provecho el desarrollo intelectual y la ideología de los futuros ciudadanos de pleno derecho. Y por eso precisamente, la educación tiene que ser puesta a salvo de toda injerencia partidista con grandes y decisivas dosis de pluralismo y de libertad. No en vano, el artículo 27 de la Constitución se inicia en su primer párrafo reconociendo la libertad de enseñanza, que tiene que ser interpretada en su más amplio y plural sentido; y en su párrafo sexto reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
El Gobierno comunista -con algunas gotas de socialismo radical y oportunista- que padecemos no es una excepción y se ha propuesto controlar ideológicamente la formación de los alumnos españoles. En esa línea, algunos medios adictos han llegado a afirmar que los alumnos pertenecen al Estado -es decir, al Gobierno actual-, y a combatir y denunciar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos, utilizando lemas fraudulentos con intenciones descalificadoras, como el llamado “pin parental”. Se trata de ocultar que el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución establece que los poderes públicos garantizan -deben garantizar- el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es un derecho -y un deber- de los padres, y un deber -y un derecho- de sus hijos. Y comprende, entre otras muchas cosas, el derecho a la elección de centro educativo y a su preceptiva autorización para que sus hijos asistan o no a determinados actos o actividades supuestamente escolares, pero manifiestamente partidistas y dirigidas a adoctrinar a los alumnos en ideologías contrarias a las de sus padres y su familia, a inculcarles con insistencia ciertas ideas hasta conseguir que las hagan propias y voten en consecuencia. Todo eso unido, por supuesto, a un ataque sistemático y feroz a la educación privada y concertada, a la que se trata de ahogar económicamente.
Por fortuna para ella, los padres de la princesa de Asturias le pueden financiar sus estudios en un centro privado de Gales, librándola así de la miserable política educativa que sufren tantas familias españolas.
