El Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los sindicatos sentaron ayer las bases para coordinar el proceso de consolidación de casi 30.000 empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma (hasta los 60.000 si se incluye al personal de Sanidad y Educación), cabildos y ayuntamientos que están en abuso de temporalidad.
Al término de la primera mesa de trabajo, el jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, declaró que, en virtud de la nueva ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad, las OPE deben estar fijadas antes del 1 de junio, las bases definidas antes del 31 de diciembre y el proceso finalizado antes de que acabe 2024. De la reunión salieron “muy contentos”, porque hay un “compromiso compartido” de trabajar rápidamente cumpliendo con lo que la marca la ley para acabar con la “precariedad laboral y temporalidad excesiva”, comentó Torres.
Tomás Pérez, alcalde de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Fecam, trasladó que los ayuntamientos se van a “emplear fondo”, porque tienen muchas temporalidad: “Hay que acabar con ella”. Su homóloga de Candelaria y presidenta de la asociación, Mari Brito, incidió en que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y puso el foco en la unificación de criterios para evitar agravios. Fran Bautista, secretario general de Servicios Públicos de UGT-Canarias, agradeció la invitación a la mesa: “Es un primer paso para lograr la tan ansiada consolidación”.
Pedro Pablo Medina (Intersindical) señaló que no se trata de resolver solo el problema de las plazas, sino el “proyecto personal” de cada empleado. La coordinación “va a evitar que el proceso se enquiste” con la presentación de recursos y trabajadores que se sientan “agraviados”, añadió.
Empleados públicos
Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. en Canarias, destacó que se ha dado “un paso importante” para que los trabajadores en abuso “tengan más seguridad” y acaben con la “incertidumbre” para estabilizar sus puestos de trabajo. Francisco Martín, secretario de Acción Sindical de CSI.F-Canarias, constató que es necesario llegar a acuerdos para desarrollar la ley de medidas urgentes y acabar con la “precariedad laboral” de los empleados públicos. José Ángel Mascarell (Sepca) cifró en casi un 30% de los empleados públicos en abuso de temporalidad: “La mesa de trabajo es una oportunidad para buscar soluciones a una situación de la que los empleados públicos no son culpables”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Julio Pérez también se refirió a las escuelas infantiles: “Es prioritario aumentar la financiación para la educación de hasta 3 años”. Antes de la cita por la mañana entre Torres y la consejera de Educación, Manuela de Armas, con el sector había un “desencuentro” y ahora se ha producido un “acercamiento”, ilustró el portavoz.
OPE de personal docente no universitario: 6.832 plazas
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público (OPE) de personal docente no universitario para el año 2022. Está dotada de 1.110 plazas, así como de otras adicionales para la estabilización correspondiente a 2020 (1.389) y a 2016 (otras 4.333), que, en conjunto, suman 5.722. Las convocatorias de los procesos de estabilización de empleo deberán estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022 y finalizadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024. Esto implica la modificación de la OPE de 2021, según explicó Julio Pérez, al detraer de esta última los puestos para los anteriores al 1 de enero de 2016.
