Medio centenar de afectados por el volcán de Cumbre Vieja se dieron cita ayer por la tarde en la Casa de la Cultura de El Paso. El orden del día: estudiar una posible denuncia contra la Administración por las pérdidas patrimoniales que sufrieron como consecuencia de la erupción. En primer lugar, a fin de aumentar sus opciones, evaluarán qué probabilidades hay de que prospere una demanda en este sentido. Una tarea que, según manifestaron a modo de propuesta los organizadores del encuentro, de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los damnificados, podrá ser realizada por el abogado bilbaíno Fernando García-Capelo. De hecho, minutos antes de que concluyera la reunión, se efectuó una votación a mano alzada en la que la amplia mayoría de asistentes mostraron su conformidad con los honorarios y la hoja de ruta que se pusieron sobre la mesa.
Y este no es un letrado cualquiera. Se trata de un profesional de amplia proyección pública por haber defendido, a través del Foro Ermua, a víctimas de la banda terrorista ETA. De hecho, en la misma entidad desempeñó los cargos de responsable jurídico de las denominadas Gestoras Cívicas, miembro de la Junta Directiva y portavoz del organismo. Su cometido en esta ocasión, explicó uno de los ponentes, Óscar Martín, será intentar demostrar que ha existido responsabilidad por parte de las instituciones en los daños ocasionados por la catástrofe natural, dado que, sostuvo, los responsables públicos tenían conocimiento de que iba a tener lugar el proceso eruptivo meses -e incluso años- antes de que se produjera. “Lo sabían y no nos lo dijeron”, indicó Martín en repetidas ocasiones.
No obstante, a fin de dotar de base a una virtual reclamación en los tribunales, Óscar Martín aseguró que ha recopilado, desde que se destruyera su propia vivienda en el barrio de Todoque (Los Llanos de Aridane), “documentos científicos y gráficos” que avalarían su tesis de que las instituciones no hicieron todo lo que pudieron, incluyendo declaraciones de políticos y, especialmente, científicos, en medios de comunicación con carácter previo a la erupción. “Desde octubre de 2017, se empiezan a producir enjambres y deformación del terreno (…) está claro que no nos han protegido lo suficiente”, afirmó, al tiempo que denunció también un supuesto “agravio comparativo” del Consorcio de Seguros. Una acusación que dijo cimentar en que a ciertas personas “les dejaron asegurar sus propiedades una semana antes por el 110% de su valor”, mientras que a otros vecinos no.
Por otra parte, Martín afeó a los organismos encargados de la gestión de las ayudas que se ponga en duda, en ocasiones, la naturaleza de sus viviendas. Se refiere, en concreto, a que no sean consideradas como tales por estar ubicadas en parcelas donde no estaba prevista su construcción; una circunstancia que ha afectado a varios damnificados. Para este portavoz, lo cierto es que “nos retiraban la basura, pagábamos impuestos y teníamos el agua del Ayuntamiento”, motivos por los que, entiende, se probaría que dichos inmuebles constituyen un lugar habitable y poblado, susceptible de ser indemnizado por los daños sufridos.
Y, a pesar de mostrar rotundidad en su alegato, aludiendo al asesoramiento jurídico al que asegura haber recurrido, el ponente reconoció que “no hay antecedentes de que se haya ganado un caso por responsabilidad patrimonial” similar. Si bien, por otra parte, arguyó que “tampoco” ha tenido lugar con anterioridad en España una erupción de esta envergadura.
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