Podemos prefiere que Julio Pérez declare como imputado por Emmasa

La acusación popular ejercida por el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) y líder municipal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital provincial en el que se aboga por que el hoy consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, preste declaración como imputado y no como testigo en relación con el llamado caso Emmasa.

Aunque dicho escrito no propone directamente la imputación de Pérez (una tarea a la que parece ‘invitar’ a la Fiscalía), sí deja claro que, a su juicio y en caso de que resulte necesario citarlo a estas alturas de la investigación, sea como investigado, lo que no deja de ser una garantía para este político socialista por cuanto, como es sabido, un testigo está obligado a responder verazmente ante cualquier cuestión que se le plantee mientras que un imputado tiene derecho a no facilitar información que pueda incriminarle.

Según ha podido averiguar este periódico, dicho recurso de reforma se ha presentado en respuesta a una Providencia dictada por el juzgado en cuestión a finales del mes pasado, y en el mismo se hace alusión en términos idénticos a los referidos sobre Julio Pérez sobre otras dos personas relacionadas con este tema, concretamente Álvaro Aguirre y Beatriz Rodríguez,

Julio Pérez con el caso

La relación de Julio Pérez con el caso Emmasa radica en que, a raiz de un pacto CC-PSOE, presidió a partir de 2011 el Consejo de Administración de dicha empresa municipal que siguió procediendo a la devolución del canon anticipado por la concesionaria a cuenta de la utilización de bienes públicos.

Cabe recordar que el caso Emmasa parte de una denuncia presentada por el grupo Unidas Podemos de Santa Cruz ante la Fiscalía respecto al acuerdo de 2007 por el que la multinacional Sacyr-Vallehermoso sería compensada tras quedarse con el ciclo integral del agua capitalina. Tal empresa ofreció un canon de 59 millones de euros por quedarse con las infraestructuras, un dinero que recuperó mediante diferentes pagos por el Ayuntamiento. En la actualidad figuran como investigados el exalcalde Miguel Zerolo; el secretario de la corporación local, Luis Prieto; el ex consejero delegado de Emmasa, Pablo Abril Martorell; así como Juan Miguel Sanjuán y Alfredo Gutiérrez.