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Nuevas amistades

Durante los años cincuenta, el franquismo se negó, junto con el régimen salazarista portugués, a considerar siquiera la descolonización de sus colonias africanas. La presión internacional le obligó a crear las denominadas Provincias africanas, que dependían de una Dirección General específica, y a proclamar que no eran colonias, que formaban parte del territorio nacional y que, por tanto, no procedía su descolonización, es decir, la aplicación en ellas del derecho de su pueblo a la autodeterminación, reconocido por las Naciones Unidas solo para los territorios coloniales. De las Cortes del régimen, por ejemplo, formaban parte Procuradores de dichas Provincias. Sin embargo, incongruentemente, los habitantes de esos territorios nunca fueron considerados ciudadanos españoles de pleno derecho, y así lo prueba el carnet de identidad especial saharaui, creado en marzo de 1970, que era necesario para residir, viajar y trabajar en el Sahara, y que llegaron a poseer 30.271 saharauis.

Los nacionalistas canarios de aquellos días despertaron una seria inquietud, no solo en el Gobierno español, sino en los ambientes internacionales, a causa de su perspectiva de entente canario-saharaui y de independencia saharaui como primer paso para la independencia canaria, todo ello desde un planteamiento político radical, que se estimó muy peligroso para el equilibrio internacional de la región. Pero fue la posición equivocada del Frente Polisario la que determinó en última instancia el futuro del pueblo saharaui. Una errónea y disparatada estrategia, al mismo tiempo antimarroquí y antiespañola, que lo llevaron a un auténtico suicidio político, un suicidio que el pueblo saharaui ha pagado muy duramente durante todos estos años.

Como respuesta a la estrategia polisaria, la Administración española hizo un intento -fracasado- de crear un partido saharaui adicto y colaboracionista (el PUNS), cuyos principales dirigentes terminaron huyendo a Marruecos. Por su parte, los argumentos marroquíes de fundamentación histórica y jurídica sobre los supuestos juramentos de vasallaje de los jefes de las tribus saharauis a los Sultanes de Marruecos no fueron plenamente aceptados en el ámbito de la Justicia internacional. Después vino la denominada Marcha Verde marroquí, auténtica agresión internacional ante la que cualquier Estado, agotados los medios pacíficos, se hubiera defendido por otros medios, defensa que España no pudo asumir, y la claudicación española en el Acuerdo Tripartito con Marruecos y Mauritania, contraria a la retórica política que el régimen había sustentado durante todos los años de su existencia.

Ni España, en general, ni Canarias, en particular, pueden prescindir de una política de buena vecindad con Marruecos. En ese sentido, no es criticable la política de nuevas amistades que ha adoptado Pedro Sánchez, aunque preocupa de mención de Canarias en el contexto de la integridad territorial española. Además, las oportunidades inversoras que ofrece este país no son malas. Empresas, sociedades y particulares ya ha tomado buena nota de ello, y se están produciendo inversiones tanto desde la Península como desde Canarias en sectores no sólo turísticos del Estado magrebí. Pero toda esta historia podía haber sido muy diferente y mejor para todos, españoles, canarios y, sobre todo, saharauis.

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