En Santa Cruz está prohibida la mendicidad, coger agua de las fuentes para asearse o dormir en un banco o un portal. Son normas que se consideran que criminalizan la pobreza, porque son las personas con menos recursos las que se ven afectadas de forma mayoritaria por estas ordenanzas.
Ayer, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, a propuesta del PSOE, aprobó por unanimidad llevar a cabo un estudio de las diferentes ordenanzas municipales que puedan tener una incidencia en las personas en situación de pobreza “y se elimine cualquier tipo de sanción por infracción que suponga la criminalización de personas en exclusión o vulnerabilidad social”.
Según este acuerdo, una de las normas que tendrá que ser revisadas es la de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, en la que, por ejemplo, en los artículos 105 y 106, se prohíben cosas como “lavarse a sí mismo” o “recoger agua”.
En la exposición de motivos de la moción, se enumeran otras prohibiciones que vienen recogidas en las normas municipales que afectan de manera directa a las personas en situación de pobreza y que prohíben cosas como acampar, acciones contra la salud, consumo de comida y bebida en la calle; pero también dormir, ensuciar y/o dañar el mobiliario público, ejercer la mendicidad, o rebuscar, manipular, recoger y tirar basura, y sentares, recostarse, tumbarse en mobiliario público o venta ambulante.
“Nuestro ayuntamiento debe se un ejemplo de respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, para ello, debe evitar cualquier conducta que pueda suponer una persecución o criminalización de la pobreza. Debemos conseguir que los espacios públicos de nuestra ciudad sea un lugar para todas las personas, incluso aquellas a las que se trata de invisibilizar o expulsar por su realidad de pobreza, exclusión o desigualdad”, apunta la moción.
Educación
La segunda moción que ayer se probó por unanimidad fue la presentada por CC para solventar el problema al que se enfrentan unas 50 familias a las que se les ha denegado la beca que el Ministerio de Sanidad destina a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en la Isla y que los padres achacan a un error administrativo de la Consejería de Educación de Canarias.
La moción salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del PSOE, cuya presidenta, la exalcaldesa Patricia Hernández, defendió que ella, y su partido, pedirán cuantas explicaciones sean necesarias a su compañera, la consejera de Educación, para que aclare dónde ha residido el fallo, si es que es culpa del departamento que dirige Manuela Armas.
La moción, que contó con la participación de dos de las madres afectadas, acordó instar a la Consejería de Educación a que dé una explicación de lo sucedido, además de una solución rápida y efectiva. También se acordó instar a la revisión sin más demora de todos los expedientes de becas denegadas, así como a que se cobren por un procedimiento de urgencia.
