El Parlamento pide ayudas para los propietarios de viviendas vacacionales en La Palma

No son autónomos ni empresarios turísticos, pero sí propietarios de unas viviendas ahora bajo la colada del volcán de Cumbre Vieja o afectadas parcialmente, que hasta la erupción se destinaban a alquiler vacacional. Han conseguido que el Partido Popular defendiera en sede parlamentaria una proposición no de ley que ha sido aprobada con las enmiendas de los grupos del Gobierno cuatripartito, con lo que se inicia el camino para resarcir parte de estas pérdidas.

Eso sí, la petición de la Cámara regional al Gobierno de Canarias incluye la necesidad de concretar, con la elaboración de un mapa de viviendas vacacionales regladas y afectadas por el volcán en el Valle de Aridane, el número exacto de afectados, además de incorporar a esta línea de ayudas otros inmuebles que estuvieron dedicados a los afectados al alquiler convencional.

Los grupos políticos han expresado en la Cámara regional algo que los propietarios integrados en la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) llevan meses intentando visibilizar en medio de las muchas pérdidas y de su distinta consideración en la atención de una emergencia que no ha terminado y que podría ver ampliado el número de afectados si el regreso a Puerto Naos y La Bombilla no llega, condicionado por la persistencia de los gases letales que impiden que ambas zonas puedan ser habitadas.

Jacob Qadri (PP) ha comentado que la situación con el alquiler vacacional en La Palma es “injusta”, porque se han quedado fuera de las ayudas de los gobiernos central y canario cuando son uno de los sectores más pujantes del turismo en la Isla y es “fuente de ingresos” de muchas familias. En su opinión, “no es lógico” dejar al alquiler vacacional fuera de estas ayudas por más que las primeras viviendas sean lo más importante, dado que hay 2.481 camas afectadas por el volcán, más del 44% del mercado. Según sus cálculos, y a una media de 25 euros por noche, las pérdidas, durante 100 días de erupción, rondan los 6,2 millones de euros, a las que hay que sumar las de la pandemia.