El grupo municipal de CC-PNC en La Laguna denunció ayer que “lo que gastado durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en el Ayuntamiento por el Gobierno se ha realizado sin ningún tipo de control financiero”. Así lo afirmaron el portavoz de la formación nacionalista, Jonathan Domínguez, y el secretario general de CC La Laguna y concejal, Fran Hernández, quienes calificaron este hecho de “extremadamente grave”.
Explicaron que estas afirmaciones son a raíz de las manifestaciones de la interventora del Ayuntamiento en el último pleno, donde dijo que es cierto que es obligatorio hacer la fiscalización posterior con el informe y la auditoría, pero que no lo ha podido realizar porque no se le ha dotado de los medios adecuados en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Ante ello, CC ha solicitado por escrito al Gobierno información sobre las acciones que han realizado para dotar de recursos humanos necesarios al servicio.
“Queremos saber qué esconde este grupo de gobierno para que no priorice ni solucione este problema, pues de lo contrario nos va a obligar a ir a los juzgados para denunciar esta grave situación”, afirmó Domínguez, quien denunció, además, que “el alcalde ha levantado un reparo de más de 790.000 euros” en concepto de subvenciones para pymes durante la COVID-19.
Mientras, desde el Gobierno municipal de La Laguna respondieron ayer que las declaraciones de Jonathan Domínguez “están plagadas de falsedades”. “En primer lugar, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, no ha levantado ningún reparo de la intervención”, afirmaron.
“Confunde interesadamente”
Además, argumentaron que “CC confunde interesadamente auditoría con fiscalización. Todos los expedientes tienen informes de Intervención, a través de la fiscalización previa limitada, que fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos, incluyendo a CC. De modo que el Ayuntamiento no paga ninguna factura que no haya sido fiscalizada”.
Asimismo, desde el Ejecutivo explicaron que “la auditoría de las cuentas, que no es obligatoria, no corresponde a una decisión política, sino que es una decisión que se toma desde la Intervención, que es un órgano autónomo”. Y asimismo recordaron que “la falta de personal en ese departamento, que es una demanda desde 2018, no es un obstáculo para realizar una auditoría, ya que esta se puede externalizar, pero debe hacerse a petición de la propia Intervención”.
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