Cáritas Diocesana ha constatado “la grave problemática de vivienda que afecta a las personas damnificadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja”, informó la ONG en un comunicado. En concreto, el equipo técnico que viene trabajando con las personas afectadas denuncia que “la falta de oferta habitacional en la zona del Valle de Aridane está provocando que muchas familias se vean obligadas a aceptar residir en inmuebles sin contrato de alquiler”.
De hecho, “de las 135 familias acompañadas por Cáritas Diocesana de Tenerife que en estos momentos viven de alquiler, un total de 63 se encuentran sin contrato de arrendamiento, a pesar de que manifestaron a los propietarios de las casas que sí deseaban formalizarlo”.
Desde el gabinete jurídico de la entidad dejan claro que este tipo de situaciones conlleva “varias consecuencias negativas para inquilinos e inquilinas: en primer lugar, la inseguridad jurídica, ya que en la mayoría de los casos desconocen tanto la duración como el resto de condiciones del referido contrato de alquiler. Además, se genera una situación de indefensión, dado que la persona arrendataria desconoce las cláusulas de su alquiler, que pueden variar en cualquier momento sin que el inquilino pueda alegar que previamente se había acordado otra cosa”, subrayan.
De igual modo, los juristas de Cáritas afirman que “la falta de contrato escrito hace que la persona inquilina no pueda defenderse ante los excesos que pueda cometer la propiedad”. No en vano, “en aquellos casos en los que, además de carecer de contrato escrito, el abono de la renta de alquiler se hace sin entrega de comprobante o de recibo, la persona inquilina tiene mayores dificultades para demostrar que no está ocupando ilegalmente la vivienda”, recalcan, al tiempo que recuerdan la “imposibilidad de acceder a ayudas públicas para el pago del alquiler, deducciones fiscales y demás beneficios económicos”.
Ante esta situación, desde Cáritas Diocesana de Tenerife insisten “en la necesidad de que los arrendadores formalicen contratos físicos de alquiler, así como el hecho de dar recibos a los arrendatarios para que estos puedan acceder a las ayudas al alquiler que ofrece la Administración pública, que por derecho tienen las familias damnificadas de la erupción volcánica”.
No obstante, la ONG asegura que “continúa trabajando en el apoyo y acompañamiento a las familias afectadas por el volcán. Hasta la fecha se han producido 1.600 atenciones y son ya 750 las familias y 2.100 las personas (entre ellas 460 menores) que han recibido algún tipo de ayuda de la entidad, gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la Campaña de Emergencia y Solidaridad con la Isla”.
La institución católica detalla, sobre los servicios que está ofreciendo tras la erupción del Cumbre Vieja, que presta “apoyo a las familias damnificadas que adquieren una nueva vivienda habitual, al igual que se continúa ayudando en la reconstrucción de viviendas afectadas por el volcán y se sigue acompañando a una treintena de personas que fueron realojadas en espacios parroquiales cedidos por la Diócesis, muchas de las cuales estaban residiendo en lugares inapropiados como garajes, pajeros o vehículos”.
