En las agitadas negociaciones para fraguar un pacto de gobierno en Canarias, en verano de 2019, la candidata de Ciudadanos a la presidencia, Vidina Espino, negó su apoyo a Fernando Clavijo por encontrarse entonces imputado en el caso Grúas. Normas del partido del que pronto se marchó. Los dos votos liberales hubieran sido decisivos para que los tres de la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo se inclinaran hacia el lado conservador y Clavijo pudiera repetir otros cuatro años como presidente. No pudo ser y el expresidente salió disparado para el Senado en representación de la Comunidad Autónoma para conseguir aforarse ante el Tribunal Supremo. Un grupo de empresarios, de los que sueñan con el regreso de Coalición Canaria al poder (vaya usted a saber para qué) le pusieron como abogado al considerado el mejor de España, José Antonio Choclán, que consiguió de una manera triunfal (sin audiencia a las demás partes personadas en Canarias, a las que no dejaron ni siquiera pronunciarse ante el alto tribunal) que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el grancanario Manuel Marchena, exonerara a Fernando Clavijo de cualquier tipo de responsabilidad en aquel asunto.
La cosa funcionaba, y los más acérrimos hooligans iniciaron una voraz campaña de exigencia de disculpas, de dimisiones y de extradiciones forzosas hacia todos aquellos que pudieran tener algo que ver directa o indirectamente con los denunciantes del caso Grúas, con los fiscales, con los periodistas o con los funcionarios y funcionarias que de alguna manera dieron cuerpo y divulgación a aquel caso tan sonado.
El caso Grúas no fue el primero, ni tampoco el último, en el que se puso en entredicho la gestión de Fernando Clavijo durante sus años como concejal y alcalde de La Laguna. El primero fue el conocido como el caso Corredor, un turbio asunto relacionado con la mafia nocturna de la ciudad de La Laguna del que tuvo la fortuna de zafarse gracias a un providencial extravío, el de una parte del sumario, incluidas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la Policía en las que, como mínimo, afloraba el modo navajero de hacer política del que luego fue alcalde y, sin solución de continuidad, presidente del Gobierno de Canarias.
Ahora salta de nuevo a la palestra judicial, y consecuentemente mediática, el asunto del caso Reparos, que acaba de ser enviado al Tribunal Supremo por una jueza de La Laguna que se ha tomado su tiempo para analizar un asunto que tiene en su juzgado desde 2018. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, puede alegar nada que tenga que ver con oportunismo o con casualidades, con el hecho evidente de que la causa contra Clavijo haya tomado cuerpo por fin a poco menos de un año de las elecciones autonómicas de 2023 a las que el interesado ya ha anunciado que piensa concurrir como candidato de Coalición Canaria.
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