La acogida popular en Sanxenxo a don Juan Carlos, y la bienvenida de sus compañeros regatistas y del mundo de las regatas en general, junto al apoyo incondicional de sus hijas y nietos, han sido un par de sonoras bofetadas a La Zarzuela y La Moncloa. Habían confiado ingenuamente en un viaje casi secreto y sin imágenes ni declaraciones, y se encontraron con multitudes que aclamaban al exiliado y que superaban con mucho a los críticos, que también los había, junto a manifestaciones del propio interesado. Parece que un sector importante del pueblo español no le tiene en cuenta lo que el lenguaje oficial denomina sus irregularidades fiscales, y todavía menos sus desencuentros con Corinna, porque, es de suponer, los compara con la corrupción generalizada que afecta a una parte significativa de nuestra clase política, y, puestos a elegir corruptos, prefieren al monarca. Pues bien, la venganza gubernamental no se ha hecho esperar, y ahora surge de la nada una nueva investigación fiscal sobre la financiación de las cacerías a las que don Juan Carlos fue invitado después de su abdicación. Habíamos quedado en que todo lo demás había sido archivado y ya no quedaban causas pendientes en su contra, pero la sombra de Pedro Sánchez y, en menor medida, la de Felipe VI, son muy alargadas. La consecuencia inmediata ha sido la suspensión de su anunciado segundo viaje para participar en los campeonatos del mundo que tendrán lugar en aguas de la localidad pontevedresa, y su confinamiento renovado en el extranjero; un confinamiento que puede hacer imposible su voluntad de viajar regularmente a España, tal y como indicaba en el comunicado hecho público antes de su viaje.
Sobre este prolongado confinamiento se impone una observación legal -y constitucional- de la mayor importancia. Todo español, y el anterior monarca lo es, tiene derecho a moverse libremente por el territorio nacional; a entrar y salir de España cuantas veces quiera, y a fijar su residencia en la localidad española que considere oportuno. Y ese derecho fundamental solo puede ser restringido judicialmente estableciendo la prohibición de abandonar el territorio español, con retirada del pasaporte, o emitiendo órdenes de alejamiento, en relación, por ejemplo, con los delitos de violencia de genero. El exilio no constituye una pena en el ordenamiento penal español, y el exilio forzoso que se le ha impuesto al monarca, que tenía saldadas sus deudas con Hacienda, vulnera sus derechos fundamentales, aparte de que no está muy claro que beneficie a la monarquía o a su hijo.
Por otra parte, el trato que se está dispensando al monarca -cuyo comportamiento es cierto que es todo menos ejemplar- perjudica la imagen internacional de España y vulnera la seguridad jurídica, además de conculcar sus derechos fundamentales. Porque, si no está sentenciado en firme de ningún delito ni está cumpliendo ninguna pena, no se sabe muy bien de qué se le acusa ni por qué está en Abu Dabi.
El poder se está vengando de don Juan Carlos, pero don Juan Carlos pudo saborear su particular venganza entre las multitudes de Sanxenxo; y todavía es posible que encuentre la ocasión de vengarse alguna vez más. Y, como el don Mendo de Muñoz Seca, culminar el astracán de su reinado y morir -políticamente- matando -políticamente- en escena a todos sus enemigos.
