tribuna

La tragedia de Melilla y los Derechos Humanos

La reciente tragedia en la valla de Melilla, uno de los pasos fronterizos entre Marruecos y España, no puede dejar indiferente a nadie con un mínimo de empatía y humanidad. Decenas de personas fallecidas y centenares de heridas en una actuación de la policía del Reino de Marruecos que parece completamente desproporcionada y que considero que debe ser investigada y aclarada en todos sus términos con delimitación de responsabilidades, como ya han planteado más de 50 organizaciones de derechos humanos, así como numerosas formaciones políticas y grupos parlamentarios. Las fotos y los videos de los hechos resultan espeluznantes; entre ellas las que muestran cadáveres y supervivientes heridos apilados en el suelo en condiciones infrahumanas. Se difundió ante todo el mundo, a través de televisiones y redes sociales, la evidente omisión de socorro por parte de las autoridades marroquíes. Nadie merece ser tratado así. Nadie ni nada puede justificarlo. No puede ser olvidado.

El control de las fronteras es un derecho de los Estados, que deben disponer de los medios materiales y del personal necesarios para ejercerlo. Y obliga, en casos como el que nos ocupa, en el que un millar de personas desesperadas intentaron saltar la valla, a una respuesta y uso de la fuerza proporcional. Las directrices al respecto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señalan, entre otros aspectos, la primacía de los derechos humanos, la no discriminación, la asistencia y protección ante cualquier daño. Solicitando a los Estados que “garanticen que la entrada irregular de migrantes no se considere un delito penal y que los actos de los particulares que realicen rescates de migrantes en peligro no sean criminalizados”, reclamando sanciones apropiadas “ante el uso excesivo de la fuerza, la criminalidad y la corrupción en las fronteras”.

Como saben, Nueva Canarias rechaza el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sahara Occidental y su creciente seguidismo a Marruecos. Lo que parece conducir a minusvalorar actuaciones y prácticas inhumanas que Rabat viene ejecutando habitualmente y que no podemos dejar de denunciar. La opinión errónea de Pedro Sánchez considerando “bien resuelto” lo que fue una tragedia, una inmundicia que debería sonrojar a cualquier ser humano, apunta en ese sentido. Defendemos las relaciones de buena vecindad entre los pueblos, pero exigiendo siempre el escrupuloso respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Reclamamos, asimismo, activar lo que señala el Estatuto de Autonomía en su artículo 144 respecto a la participación de Canarias en las decisiones trascendentes en materia migratoria que afecten a las Islas, por su especial singularidad geográfica. Exigimos que se cumpla el Estatuto y que Canarias esté presente en los órganos que toman decisiones en materia migratoria cuando estas afecten al Archipiélago.

La Unión Europea, que tiene entre sus valores esenciales la defensa de los derechos humanos, no puede mirar hacia otro lado ante un acontecimiento de semejante gravedad como el ocurrido a finales de junio en Melilla; y debe hacer todo lo posible para generar condiciones para que nunca más vuelva a repetirse. Lo contrario sería aceptar la barbarie, la violación flagrante de los más elementales derechos, la ausencia de cualquier tipo de valores humanos, con el agravante de la comparativa con el trato humanitario y excepcional, que compartimos, a los damnificados por la invasión rusa de Ucrania.

Los fenómenos migratorios no son coyunturales. Forman parte de la historia de la Humanidad. Los movimientos migratorios forzados afectan a más de 100 millones de personas en el mundo. Impulsados por el hambre, la pobreza extrema, la violencia, las guerras, el expolio de sus riquezas o la falta de expectativas para una población que supone el 80 % de la humanidad. Si no se propicia el desarrollo de los países empobrecidos y se crean condiciones para una convivencia pacífica a escala mundial, estos movimientos no solo continuarán, sino que se incrementarán.

Crisis Climática

Todos los análisis apuntan, además, a que en el periodo próximo las migraciones van a aumentar sustancialmente, al sumarse la Crisis Climática y sus consecuencias -sequías, pérdida de cosechas, hambrunas, incendios, inundaciones…- a las ya penosas condiciones en las que vive gran parte de la población mundial. Desgraciadamente la explotación, el sufrimiento y la muerte son más que frecuentes en esos desplazamientos de personas hacia el norte desarrollado que se producen en distintos lugares del planeta. Lo hacen en muchos casos con la intervención de mafias que trafican con personas. Sin protección, sin derechos, sin seguridad alguna. Lo vimos hace unos días con el camión que se convirtió en tumba de medio centenar de migrantes en Texas, hacinados, sin ventilación, sin agua, soportando temperaturas superiores a 40 grados.

También ocurre en Canarias, en la frontera sur de la Unión Europea. En el mar que rodea a nuestras Islas se contabilizan centenares de muertes cada año. Circunstancias que producen mucho dolor y, así mismo, una gran impotencia. Desde Canarias, este espacio junto al continente africano que forma parte de la UE, exigimos la adopción de medidas para proteger la vida de las personas, articulando vías legales y seguras más amplias, más dignas.

La Unión Europea y el conjunto de organizaciones internacionales deben impulsar el establecimiento de vías legales y seguras que permitirían descongestionar los espacios fronterizos contra los que chocan las personas que huyen de la guerra, del hambre o la falta de expectativas vitales. Que permita que dispongan de puntos de orientación jurídica y de acceso a procedimientos de protección internacional, si fuera el caso. Puntos de protección para las familias y para las personas que tienen derecho a ella.

En la Declaración de Nueva York (2016), los estados miembros de Naciones Unidas acordaron cooperar en la elaboración de un pacto para una migración segura, ordenada y regular. Aprobado posteriormente en la conferencia intergubernamental sobre migración internacional celebrada en diciembre de 2018 en Marruecos, pocas concreciones se han producido para consolidar esa línea de actuación.

Las personas que se ahogan o mueren de sed o de hambre tratando de llegar a Canarias en su ruta migratoria hacia el continente europeo en la mayoría de las ocasiones no se ven. Y cuando se ven, no importa lo suficiente en los centros de decisión del Estado y de la Unión Europea. La actuación que acabó el 24 de junio de 2022 con la vida de al menos 23 hombres africanos entre Melilla y Marruecos, muchos de ellos procedentes de Sudán, requiere una investigación independiente e imparcial capaz de determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables. Lo venimos diciendo desde Nueva Canarias, lo defendemos desde el Gobierno de Canarias y lo señalan también, entre otras organizaciones, Amnistía Internacional o Human Right Watch. Y es muy importante que, más allá de la necesaria investigación del Ministerio Fiscal del Gobierno de España, se inicie en paralelo otra independiente, ágil y que permita poner luz a lo ocurrido. 

La gestión de las migraciones debe tener una importancia creciente en la agenda pública. Resulta fundamental su adecuado abordaje. Mediante el establecimiento de canales seguros y legales, de los que se beneficiarían las personas migrantes, pero también los estados receptores. Con una especial atención, por su mayor desprotección y vulnerabilidad, en el caso de los menores. Así como evitando actitudes racistas en su gestión. La Unión Europea debe modificar profundamente sus políticas y sus actuaciones en materia migratoria, ofreciendo respuestas desde el respeto a los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y el firme compromiso por la construcción de un mundo con mayores niveles de equidad. Y también no justificando actuaciones inhumanas, incluso crueles.

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