Un total de 2.738 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, lo que supone casi mil personas más que en 2020 (1.783 personas), siendo en un 42,8% de los casos (1.173 personas) consecuencia directa de la crisis socioeconómica y sanitaria producida por la covid-19. El número de personas sin casa en Tenerife crece de manera preocupante.
Así se desprende del estudio ‘Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de covid’, cuyos resultados han sido presentados hoy lunes en rueda de prensa por el presidente del Cabildo, Pedro Martín; la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet; el secretario general de Cáritas, Ricardo Iglesias, y la coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate.
El informe, realizado por Cáritas Diocesana de Tenerife con el apoyo económico del Cabildo, pretende actualizar los datos presentados el año pasado sobre las personas en exclusión residencial extrema y las consecuencias que la crisis ocasionada por la covid-19 ha tenido en la exclusión residencial extrema en la isla.
Pedro Martín señaló que el Cabildo está “francamente preocupado” por la situación de las personas sin hogar, de ahí que la Corporación insular vaya a destinar un millón de euros más para abordar esta situación, y avanzó la creación de cuatro centros más en la Isla, dos en el norte y dos en el sur, para la atención de estas personas.
Entre los principales datos del estudio destaca el hecho de que de las 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema, un total de 1.107 son personas sin techo que pernoctan en espacios públicos a la intemperie; 238 hacen uso de albergues o centros de alojamiento nocturno; 420 residen en un alojamiento convencional, pero que no es el habitual debido a la pérdida de su vivienda; 433 viven en estructuras temporales y no convencionales (chabolas, cuevas, etcétera) y autoconstrucciones eventuales que no cumplen criterios de habitabilidad, y 241 viven en alojamientos impropios, tipo edificios ocupados.
Asimismo, las personas que iniciaron su situación de exclusión residencial extrema como consecuencia de la crisis de la covid-19, es decir, dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, representan el 42,8% del total. Por el contrario, se identifica un 56,2% (1.565 personas) que ya se encontraba en esta situación con anterioridad a la crisis señalada, incluso por periodos superiores a la franja temporal de entre 5 y 10 años (en el 14,5% de los casos) y, en los casos más graves, por periodos superiores a los 10 años (un 5,9% del total).
El sinhogarismo tiene mayor presencia en la zona metropolitana, aunque es una realidad que afecta a toda la Isla y que se ha incrementado en la mayoría de municipios. En cuanto a los municipios con más incidencia, Santa Cruz de Tenerife repite la primera posición con 953 casos, representando el 34,8% del total insular; seguido por Arona, con 441 personas identificadas; La Laguna, con 422; Adeje, con 166, y Puerto de la Cruz, con 134.
Los datos del estudio, desagregados por sexo, evidencian la mayor presencia de hombres que viven en situación de exclusión residencial extrema (2.024, el 73,9% del total). Sin embargo, se ha registrado un incremento de mujeres en situación de sin hogar, aumentando de un 21,4% en el año 2020 a un 25,6% en la última anualidad, de manera que representan ya una de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo.
La edad media de las personas identificadas en el presente estudio es de 45,3 años, en el caso de los hombres, y de 35,1 años en mujeres. La franja de edad mayoritaria se encuentra entre los 45-55 años (629 personas, 23% del total).
Además, el estudio ha identificado a 150 menores en situación de exclusión residencial extrema. Todos ellos conviven con sus tutores legales, perteneciendo a una unidad familiar completa en situación de sin hogar. Estos modelos familiares son generalmente monomarentales, en algunos casos con antecedentes de violencia de género, y en otros con trayectorias en el sistema de protección de menores, con rentas mínimas o sin ingresos.
Asimismo, del estudio se evidencia la tendencia a que personas más jóvenes entren a formar parte de estos grupos de exclusión, en situación de calle y sin hogar. Con una ratio representativa del 7,8% entre las edades de 18 a 25 años, donde se identifican nuevamente antecedentes vinculados en muchos casos a procesos de institucionalización en el sistema de protección, sin alternativa familiar y de apoyo al cumplir la mayoría de edad, siendo obligados a abandonar el sistema de protección, en muchos casos sin alternativa habitacional, al cumplir los 18 años.
A su vez se debe señalar la tendencia al alza de casos de personas de 65 a 90 años, donde en el año 2020 representaba el 4,6% del total, con 81 casos localizados, frente a 2021, que representa el 5,6% del total, con 154 casos.
Sin casa en Tenerife llegados de otros lugares
Respecto a los países de origen, se detecta un aumento del porcentaje total de personas nacionales en situación de exclusión residencia extrema, frente a las personas con nacionalidad extranjera. El perfil nacional alcanza un 57,5% en 2021, frente al 54,3% del año anterior. A su vez, el porcentaje de personas extranjeras ha aumentado un 37,4%, estando tan solo en situación administrativa irregular un 12,4%.
De las veinte nacionalidades más representativas en número de casos, diez corresponden a países miembros de la Unión Europea; dos a países europeos no pertenecientes a la UE -Rusia y Reino Unido-, otras dos a países del continente africano y cinco a países del continente americano. Estas cifras desmontan los discursos xenófobos que vinculan la aporofobia con las personas migrantes, puesto que son las personas nacionales españolas y comunitarias registradas quienes representan el conjunto mayoritario de personas en situación de exclusión residencial extrema.
Al abordar la temporalidad de la situación de exclusión residencial extrema de las personas identificadas, se observa un aumento de las personas que llevan más de un año en situación de exclusión residencial extrema, representando una proporción del 62,9%. En este grupo, las personas que se encuentran en esta situación por más de tres años constituyen un 32,5%, lo que evidencia la elevada cronificación de la situación de estas personas y la falta de una adecuada respuesta por parte de las instituciones públicas.
Cuestiones estructurales como el desempleo y la precariedad laboral, la elevada presión de los precios del mercado de alquiler y su escasa regulación, así como los mínimos ingresos económicos derivados del sistema de prestaciones y pensiones sociales son algunos de los motivos que imposibilitan el acceso y la permanencia en viviendas dignas a cada vez más personas. A esto se añade la baja oferta de alquileres sociales y viviendas de protección oficial.
Asimismo, un 74,2% de las personas entrevistadas afirmaban que la situación de la covid-19 había limitado su acceso a los servicios administrativos, sociales y sanitarios, debido a las medidas adoptadas por la administración pública en tiempos de covid, cerrando los servicios y con acceso exclusivo telemático, dificultando una vez más el acceso de estas personas a los servicios sociales y sanitarios debido a la brecha digital y a la imposibilidad en muchas ocasiones de acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas telefónicas e incluso recargar el móvil.
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