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El Estatuto de Autonomía de Canarias: se cumplen 40 años

La versión inicial de la norma institucional básica fue aprobada el 10 de agosto de 1982 y publicada en el BOE seis días después. A esa le han sucedido otras dos: 1996 y 2018
El Estatuto de Autonomía de Canarias: se cumplen 40 años
Foto de familia en el Parlamento de Canarias con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el 21 de abril. Sergio Méndez

La versión inicial del Estatuto de Autonomía de Canarias cumple hoy cuarenta años. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, recuerda que el 10 de agosto de 1982 “arrancaba nuestro autogobierno desde el trabajo responsable y la altura de miras de aquellas personas que decidieron afrontar con valentía este proyecto en un momento complejo de nuestra historia”. Matos recalca que, en esta décima legislatura, “podemos afirmar que hemos vivido la etapa de mayor prosperidad de la historia de Canarias, con problemas estructurales y retos aún pendientes como el demográfico, la lucha contra la desigualdad, la diversificación del modelo económico o la transformación digital para lograr una Canarias de oportunidades”. Han sido, reseña, “cuarenta años en que hemos ido construyendo un ambicioso espacio de convivencia, tolerancia y respeto, fortaleciendo un sistema de garantías y libertades resultado de un esfuerzo compartido por varias generaciones de personas con profundas convicciones democráticas”. La reforma de 2018 “viene a reforzar ese fuero, desde nuestra aspiración a continuar por la senda de una Canarias más fuerte”, proclama.

Gustavo Matos apunta que esta conmemoración es también “un momento perfecto para la reflexión, para hacer balance, poner las luces largas e imaginar qué Canarias queremos para los próximos cuarenta años”. En este contexto, resume que, tras estas décadas de “construcción del edificio de la autonomía”, el autogobierno “ha traído consigo los mejores años de la historia de las Islas”.

Dentro del calendario de actividades diseñado por el Parlamento para celebrar estos cuarenta años, la Cámara organizó para el 21 de abril una sesión solemne en la que intervino la presidenta del Congreso de los Diputados. “Dignificar las instituciones es el mejor servicio para el fortalecimiento de la democracia”, exclamó Meritxell Batet. En su discurso, reconoció “el proceso radical de transformación que ha vivido el país en términos de progreso, bienestar social y cohesión territorial”. Hubo, evocó, “un impulso absolutamente abrumador” y “una voluntad decidida en Canarias por acceder a la autonomía más amplia posible que ha sido colmada en el nuevo Estatuto, de 2018, que ha definido como ambicioso y comprometido con la ciudadanía”. Ese texto estatutario “consagra especificidades y hechos diferenciales” del sistema democrático isleño, repasó, en el que “el lugar central lo ocupa el Parlamento, donde se plasma el pluralismo político y la diversidad ideológica de los ciudadanos”. Matos llamó a “redoblar el compromiso a quienes defienden el autogobierno de los territorios y convertirnos en serios activistas de la democracia y la autonomía”.

La ley orgánica 10/1982 se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 16 de agosto, que fue cuando entró en vigor. El día 10, desde el palacio de Marivent (Mallorca), el rey Juan Carlos I mandó “a todos los españoles, particulares y autoridades”, guardar y hacer guardar la. El presidente del Gobierno era Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (UCD). Por aquel entonces, Pedro Guerra Cabrera (PSOE) estaba al frente del Parlamento canario. A Francisco Ucelay Sabina (UCD) lo sustituiría en diciembre Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE) como presidente de la Junta de Canarias, primero, y del Gobierno regional desde junio de 1983.

El artículo 1 reza así: “Canarias, como expresión de su identidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la Nación española, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. La Comunidad Autónoma, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, el desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad (…)”.

A esa redacción siguieron otras dos: la de 1996 (BOE del 31 de diciembre) y la de 2018 (6 de noviembre). En medio, el Parlamento decidió 12 de diciembre de 2007 retirar la reforma.

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