Javier Rodríguez Medina es ingeniero y se nota. Se entusiasma cuando habla de depuradoras, conectores, desaladoras o complejos ambientales como el de Arico.
Muestra la seguridad de quien opina con conocimiento de causa; por lo tanto, no es un político al uso. Quizás por eso se ha llevado más de un disgusto desde su cargocomo consejero del Cabildo, gestionando una buena parte del presupuesto insular, de escaso rédito electoral, al contrario de lo que ocurre con Carreteras, ya que se trata, como dice, de dinero invertido bajo tierra.
En este aspecto, Rodríguez Medina siempre se ha distinguido por no ponerle paños calientes a la situación que heredó de gobiernos insulares y regionales, muchos de ellos con pactos entre nacionalistas y socialistas. “Canarias, y Tenerife en particular, es un territorio fracasado en saneamiento y depuración”, señala. “En 30 años no se ha actuado sobre una realidad que todos veían y nadie la solucionaba, quizás porque todo lo que se haga bajo suelo no tiene rentabilidad política. Ahora, gracias al mayor contrato firmado con Acuaes (170 millones), vamos a acabar con el vertido de aguas residuales en las costas de Tenerife, vamos a acabar con la multas millonarias de Europa”, relata el consejero, quien recuerda además la bondad de la construcción de depuradoras, “no solo para dejar de verter aguas sin tratar al mar, sino para que estas sean reutilizadas para la agricultura”, un doble motivo para seguir apostando por la depuración, como se ha hecho, con especial énfasis, en el Valle de Güímar, donde en este mandato se han construido dos depuradoras, una urbana y otra industrial.
La primera está a la espera de que le llegue suficiente caudal de aguas negras -hay que culminar la red de conectores de los tres municipios (Arafo, Candelaria y Güímar) que va con gran retraso- para entrar en funcionamiento. No solo se acabará con los emisarios submarinos, también debería hacerlo con los pozos negros.