La Fiscalía General del Estado denuncia en su informe anual que el centro de detención temporal de inmigrantes de Lanzarote, que se cerró este invierno tras las denuncias del Defensor del Pueblo por sus condiciones insalubres, repetía “los mismos errores” cometidos en el muelle de Arguineguín.
El centro, habilitado en una nave portuaria, fue visitado el 6 de octubre de 2021 por una responsable de la Fiscalía, que corroboró su “condición de lugar totalmente improvisado e insalubre”, sin unas condiciones de estancia “adecuadas” que no comprometieran los “derechos básicos” de quienes pasaban por esas dependencias.
A su juicio, esa nave “reproducía los mismos errores observados meses antes en el muelle de Arguineguín”, donde se habilitó en 2020 un campamento en el que se hacinaron en algunos momentos más de 2.500 personas, durmiendo sobre el suelo, y que cerró también tras un requerimiento del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior.
En el caso de Arrecife, la nave detención temporal fue inspeccionada por el Defensor del Pueblo un mes después que la Fiscalía, el 7 de noviembre. La conclusión de la oficina que dirige Ángel Gabilondo fue pedir su clausura “inmediata”, porque no reunía “estándares dignos”.
Poco después, el Ministerio del Interior abrió el nuevo centro de atención temporal para extranjeros (CATE) de Arrecife, tras resolver sus diferencias con el Ayuntamiento de la ciudad sobre esas instalaciones declarándolas obra de interés general.
Aciertos
No todo son errores en la acogida de migrantes, dado que es menester resaltar el esfuerzo del Gobierno de Canarias respecto a los menores no acompañados. No en balde, tutelaba legalmente a 31 de diciembre al 26% de todos los menores extranjeros no acompañados acogidos por las autoridades públicas en España dada la manifiesta insolidaridad manifestada por buena parte de las comunidades autónomas a este respecto.
De acuerdo con los datos que recoge en su informe anual la Fiscalía General del Estado, al término de 2021 estaban inscritos en el registro de menores extranjeros no acompañados en todo el país 9.294 niños y adolescentes, tutelados por los servicios sociales.
De ellos, 2.399 quedaban bajo la responsabilidad de Canarias (26%), 1.980 estaban acogidos por la Junta de Andalucía (21%), 1.192 dependían de la Generalitat de Cataluña (13%) y 921 estaban bajo la tutela de la ciudad de Ceuta (10%), porcentajes que en absoluto corresponden a las poblaciones y recursos de los distintos territorios.
En los últimos tres años, el repunte de la llamada ruta canaria ha llevado al límite a los servicios de menores de las Islas, que llegaron a acoger a casi 3.000 chicos, alojados en recursos muchas veces habilitados de emergencia para responder a esa situación.
La saturación llegó a tal punto que la Dirección General de Protección a la Infancia de Canarias llegó a decir públicamente el pasado 1 de febrero que se iba a ver obligada a dejar a los menores que llegaran a partir de entonces en Comisaría si no recibía ayuda de otras comunidades autónomas, porque no le quedaba ni una plaza.
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