Mi objetivo común

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), una de las herramientas fundamentales contempladas en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), ha sido de las mejores y mejor aprovechadas por parte del empresario y profesional autónomo de las Islas. Es cierto que, sobre todo en los primeros años de su aplicación, se generaron ciertas distorsiones por no estar demasiados familiarizados con su uso y no entender el alcance ni particularmente sus límites. Quienes la denuestan suelen argumentar sus razones en la elevada litigiosidad y en un excesivo número de sanciones por aplicaciones indebidas. Aquellos que así razonan no se van a convencer por los datos pese a que lo que sabemos es que la mayor parte de esas actuaciones fueron fruto de aquellos tiempos de aprendizaje, lo que no quita para que hoy se sigan produciendo algunas acciones, en mucha menor medida, que son más consecuencia de la imposibilidad de cumplir que de la voluntad de hacerlo. Todos sabemos los costes que tiene no hacer las cosas bien y es algo que tiende a evitarse. La RIC ha permitido una mejor capitalización de las empresas canarias, lo que sin duda las ha hecho más resistentes a las crisis, pudiendo mantenerse abiertas cuando otras han tenido que cerrar, sostener el empleo y hasta pagar mejores salarios que son características que comparten las empresas conforme aumentan su tamaño. En sentido contrario, la interpretación inflexible y en ocasiones absurdamente rígida por parte de la Agencia Tributaria, ha provocado recelos de ida y vuelta. Entramos ahora en una nueva fase, donde puedan estar alineados los ahorros de las empresas y autónomos con las necesidades más perentorias de los canarios. Existe, es necesario señalarlo, una cierta creencia en la falta de originalidad de los empresarios, que tienden a concentrarse en negocios que ya sabemos funcionan y a no arriesgar en exceso en nuevos usos de ese stock de ahorro. A nadie se le escapa lo que ocurre con la vivienda en las islas. Una escasez acuciante y unos precios elevados, probablemente fruto de las múltiples intervenciones públicas y un exceso de burocracia, algo que admitió recientemente el Vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, en un encuentro organizado por RIC Private Equity. La vivienda es clave en la vida de las personas, permite autonomía familiar y resta incertidumbre, lo que ayuda a mejor desarrollar los proyectos particulares. Por tanto, no parece razonable seguir acumulando retrasos en la ejecución de proyectos de viviendas y es posible -y deseable- desarrollar una eficaz colaboración público-privada en la que cada uno haga su papel. Desde luego, quienes estamos en el lado privado de la economía, canalizando nuestros recursos (humanos, capital y talento) en el diseño de planes de viviendas que puedan ser puestas en el mercado a un precio accesible, materializando fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias. Pero, al tiempo, es imprescindible que las autoridades hagan el suyo, primero permitiendo que tal cuestión sea legalmente viable sin interpretraciones. Pero, al tiempo, asumiendo que parte de los sobreprecios en la vivienda vienen dados por el enorme coste de oportunidad que supone invertir en suelo y aguardar a que se otorguen licencias (un terreno que se compra por mucho dinero y que durante todo ese tiempo no renta nada frente a la posibilidad de usos alternativos de ese capital que sí rentaría desde el primer momento), los continuos problemas para avanzar incluso cuando las licencias ya están en vigor o los retrasos derivados de trabajar con un monopolio como el de Endesa cuyas decisiones finales no se toman en Canarias, se hace en Italia imprimiendo más retraso a lo que podría y debería simplificarse. Si somos capaces de reconocer el problema, qué menos que comenzar a valorar las posibles soluciones y en este caso sí que podríamos entendernos empresarios y dirigentes porque el objetivo nos parece que está más que claro.