Dos empresas de multipropiedad radicadas en el sur de Tenerife, Silver Point Vacations y Resort Properties, que pertenecían al grupo inmobiliario Limora, se han declarado en quiebra con una deuda total reconocida por los tribunales de 136 millones de euros, repartida entre 1.503 clientes, la mayoría de ellos de origen británico y alemán.
En estos momentos, el juzgado que tutela el concurso de acreedores ha encontrado bienes por valor de 83 millones, pero de los que tan solo se podría hacer efectivo un millón, razón por la cual ningún afectado ha podido cobrar, según informan los grupos de abogados los representan.
El bufete Canarian Legal Alliance representa a 250 acreedores y fue el encargado de interponer los recursos ante los tribunales de esas dos empresas de time sharing, que se han saldado de forma invariable desde hace años a favor de estos.
En los últimos años son más de un millar los fallos judiciales emitidos por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) y otras instancias judiciales que se han posicionado a su favor. De hecho, aún se siguen tramitando reclamaciones en los juzgados. Al principio, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife daba la razón a las empresas, pero a partir de 2017 cambió la jurisprudencia de forma radical y desde entonces los tribunales han emitido fallos en idéntico sentido. Una vez que Silver Point Vacations y Resort Properties han entrado en concurso de acreedores, estos litigios se dirimen en el Juzgado de lo Mercantil, pero, además, la Fiscalía de Tenerife ha abierto una investigación al sospechar que existen indicios de estafa.
Desde que comenzaron a emitirse las primeras sentencias en contra de las empresas, los gestores iniciaron un procedimiento supuestamente destinado a descapitalizarlas y liquidaron todo el grupo. Los afectados desembolsaron cantidades que oscilaban entre un mínimo de 10.000 y 60.000 euros, o, incluso, tras recibir la promesa, asegura, de que su inversión iba a rendirles cuantiosos beneficiosos que nunca se concretaron.
Por ejemplo, adquirían el derecho a ocupar estos apartamentos durante diez semanas al año, de los que podían vender los que quisieran y usar los restantes. Pero, cuando querían disfrutarlos, les comunicaban que esas fechas no estaban disponibles y tampoco podían alquilar los restantes.
Atrapados
A ello se suma que los denunciantes de pronto veían que tenían que hacer frente a cuantiosos gastos de mantenimiento y de comunidad y se veían incapaces de vender los derechos para compensar la inversión. Algunos de ellos dicen que tuvieron que endeudarse para hacer frente a las cantidades que se iban originando.
El abogado que representa a un grupo de estos demandantes, Adrián Díaz Saavedra Morales, apunta que han tenido que hacer frente a una auténtica operación para desmantelar estas empresas de implantación internacional; por ejemplo, en paraísos fiscales como Panamá, entre otros puntos del mundo. Incluso llegaron a cambiar de nombre.