Hoteleros, constructores y trabajadores alertan de un posible “colapso” del sector turístico si no se buscan soluciones “urgentes” al problema de la vivienda en el sur de Tenerife. Advierten de que los precios “desorbitados” de los alquileres impiden el acceso de los empleados del sector a un piso o apartamento en el extrarradio de las zonas turísticas. La preocupación es máxima y se vislumbra un panorama “dramático” si no se adoptan medidas con carácter inmediato.
La falta de promoción de vivienda pública en los últimos años, unido a las compras de los fondos buitre en la crisis que estalló en 2008 y que ha retirado parte de la oferta del mercado, y la conversión de una parte de las viviendas residenciales a vacacionales son las principales causas que explican la actual situación.
“Esta realidad es insostenible y la falta de personal y de profesionales de las empresas, sobre todo en el sector turístico, puede llevar al colapso”, manifestó a este periódico Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, organización mayoritaria en la hostelería en la provincia tinerfeña, que recordó que los costes se han disparado también en las medianías y en los barrios más alejados de hoteles y apartamentos, donde, aseguró, los precios no bajan de 800 euros, con incrementos de hasta el 30% en los municipios de mayor población.
Esta situación está provocando que desempleados de la Península descarten trasladarse a Tenerife -y a Canarias en general- dada la imposibilidad de afrontar un alquiler. “La recuperación turística es un hecho, los hoteles se llenan de turistas, pero muchos trabajadores en ERTE por la COVID no han vuelto por la imposibilidad de acceder a una vivienda a un precio que puedan asumir con sus salarios”, subrayó Fitas.
Sindicalistas de Base y la patronal hotelera Ashotel ya han solicitado una reunión con la Federación Canaria de Municipios a través de una carta en la que advierten de que las “pocas” casas disponibles en las localidades colindantes a las zonas turísticas superan en rentas de alquiler el 60% del salario medio del sector, lo que hace inviable el desarrollo de proyectos profesionales y de vida entre quienes desean residir en dichas zonas. La inflación, que no para de crecer, con una cesta de la compra y unos carburantes por las nubes, completa un panorama imposible para cualquier demandante de trabajo en la zona.
Para el presidente de los constructores tinerfeños, Óscar Izquierdo, lo que está pasando en el Sur es “dramático y escandaloso”. “El turismo se puede estrangular, la situación es límite”, sostiene el líder de Fepeco, “después de 12 años sin que se haya construido una vivienda social en el Sur”. Izquierdo cree que “se ha perdido mucho tiempo, mientras el turismo crecía exponencialmente” y señaló al municipio de Arona como el que presenta mayores urgencias a la hora de crear nuevos espacios residenciales.
La patronal de la construcción, que reitera que el objetivo es que “los trabajadores vivan cerca de su trabajo”, apunta como solución la colaboración público-privada para construir viviendas con precios de alquiler asequibles “que oscilen entre los 250 y los 350 euros”. Izquierdo indicó que, en esa dirección, ha mantenido diversos encuentros recientemente con distintos inversores en Madrid.
Posible solución
Sindicalistas de Base apuntó como salida la reclasificación de suelo público para construir viviendas de alquiler social con un precio fijado de 300 euros para pisos de una habitación y de 500 para dos habitaciones. Esa fórmula, que contempla el incremento anual máximo del IPC, pasaría por un contrato de explotación para la empresa constructora de 30 años. “En 10 recuperarían la inversión y empezarían desde ese momento a obtener beneficios, y a los 30 años el municipio recuperaría el suelo con las viviendas y decidiría si renueva el contrato de explotación en concurso público o directamente acomete su explotación desde una empresa municipal de viviendas creada a tal efecto por el Ayuntamiento”, explicó Manuel Fitas.
Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, sostiene que la solución pasa por limitar el número de plazas de viviendas vacacionales. “De la misma forma que se aprueba un tope por municipio de licencias para taxis o para abrir farmacias, se debe establecer un máximo para esta modalidad y garantizar así la sostenibilidad económica de nuestro destino”, manifestó a este periódico la empresaria hotelera.
Además, el alejamiento de los trabajadores de los establecimientos hoteleros está contribuyendo, enfatizó, al “colapso” de la autopista. Precisamente, el Grupo Fedola y Ashotel estudian desde hace meses un proyecto de movilidad sostenible para adaptar, en la medida de lo posible, el transporte a los horarios de los trabajadores del sector.
“Los residentes tienen que vivir, se están colapsando los municipios más económicos y los cuerpos y fuerzas de seguridad advierten sobre las lagunas que presentan las viviendas vacacionales para el control policial de sus huéspedes”, recalcó Victoria López.
Tras apuntar que el empleo en el sector turístico lo crean los hoteles y apartamentos, la presidenta del Grupo Fedola advirtió de que “hay inmobiliarias que hacen negocio comprando muchas propiedades a precios muy baratos, que reforman con cuatro duros para ponerlas en el mercado de las viviendas vacacionales. Nos da mucha pena, porque ese no es el futuro del turismo en Canarias ni responde a la formación de los chicos y chicas que salen de la universidad”, concluyó.
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