avisos políticos

Desmemorias históricas

Los Premios Príncipe -Princesa- de Asturias son absolutamente desconocidos en el mundo internacional. A diferencia de otros premios a la excelencia, su concesión no prestigia a los galardonados, sino que precisamente son los galardonados los que, con su prestigio, aportan valor y prestigian el premio. Sin embargo, no es esta característica la mayor peculiaridad negativa del Premio, que acaba de ser concedido una vez más en sus distintas modalidades. Pero empecemos por el principio. Para empezar, es más que criticable la denominación oficial estatutaria de la Comunidad asturiana. Asturias no fue un Principado, fue un Reino que fundó lo que luego sería España, el primero de una sucesión de Reinos que culminó en el Reino de Castilla. Y cuando en 1388 Juan I de Castilla le concede a su hijo Enrique el título de Príncipe de Asturias, se lo concede como una dignidad meramente honorífica que pone de relieve su condición de heredero -no de titular- de un Reino. Aun reconociendo la mayor antigüedad histórica del título, desconocer que Asturias nunca fue un Principado, sino un Reino, y además primar en la Constitución un título honorífico castellano frente a los títulos equivalentes de la Corona de Aragón -Príncipe de Gerona- y del Reino de Navarra -Príncipe de Viana-, los dos Reinos que, junto con el Reino de Castilla, alumbraron España, fue un inmenso error político de la dinastía borbónica y de los propios constituyentes de 1978, sometidos a la tradición de la dinastía. Por si fuera poco, los Premios Princesa de Asturias, su concesión y su ceremonial, minusvaloran públicamente a los otros dos títulos. Aplicar al heredero de la Corona española, destacada y exclusivamente en el texto constitucional, un título castellano frente a los títulos equivalentes de Príncipe de Gerona, heredero de la Corona de Aragón, y Príncipe de Viana, heredero de la Corona de Navarra, títulos a los que se nombra casi despectivamente como “los demás”, fue -y es- una muestra de imprudente ceguera y paralelo desconocimiento, que se reitera en el artículo 2 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes. Y de estos graves errores, de tales cegueras y de tales desconocimientos, está empedrado el camino que nos ha llevado a la actual situación en el País Vasco, y, sobre todo, al actual problema catalán y su quinto intento histórico de secesión. Por citar otros disparates históricos, no es comprensible que, desde la idea de los llamados Países Catalanes, el nacionalismo pancatalanista niegue a Valencia su condición histórica de antiguo Reino, y haya obligado a sustituirla por una denominación amorfa que rebaja su personalidad: Comunidad Valenciana. Y por si no fuera suficiente, una nueva prueba -al máximo nivel- de que somos un pueblo que desconoce su historia y asume falsas tradiciones inventadas lo dieron los constituyentes de 1978, cuando aprobaron una Disposición Transitoria cuarta que establece el procedimiento para la incorporación de Navarra la País Vasco, cuando, en todo caso, lo históricamente procedente sería justamente lo contrario: la incorporación de las Provincias Vascongadas desde Castilla al antiguo Reino de Navarra. Desconocemos nuestra historia y por eso estamos condenados a repetirla una y otra vez.

TE PUEDE INTERESAR