El profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias en situación de abuso de temporalidad afirman que están “condenados a un genocidio laboral” si el Gobierno regional “no adopta medidas correctoras en los baremos que no perjudiquen” a estos trabajadores, pues no les permite “participar en igualdad de condiciones” para lograr la “estabilización real”.
El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo canario y los sindicatos para estabilizar a los empleados de las Administraciones Públicas contempla valorar hasta en un 80% los años de servicio, “lo que garantizará que los trabajadores en situación de abuso de temporalidad, o la gran mayoría, consoliden sus puestos”. Ángel Víctor Torres confiaba en alcanzar “un consenso similar en Sanidad y Educación”, pues “creemos que los baremos estatales deben ser otros, y buscaremos todos los mecanismos que la ley nos permite para llegar al mejor acuerdo”, señala el profesorado afectado. En las reuniones con el director general de Personal de la Consejería de Educación “no ha sido posible encontrar un acuerdo”, porque “la normativa que regula los procesos de estabilización docente viene impuesta desde Madrid”, delimitando “la estructura y baremos que son comunes y de aplicación a nivel de Estado”. Por lo tanto, el profesorado de los Conservatorios lamenta que el presidente canario “viva en algún planeta de otra galaxia, no se entere de la misa la mitad o simplemente nos tome el pelo”. Así, los docentes piden que “pelee y negocie para alcanzar el mejor acuerdo posible que garantice la consolidación de sus docentes en situación de abuso de temporalidad y no permita esta imposición”. “Perderán los puestos de trabajo que llevan décadas ocupando como interinos de la Consejería y se les condenará al desempleo indefinido para entregar sus plazas a opositores venidos de otras comunidades”.
Ese Real Decreto “queda demasiado lejos” del acuerdo logrado para el Personal de las Administraciones Públicas, es “discriminatorio y atenta contra los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica” al limitar “a tan solo un 40% (solo 10 años de servicios) la puntuación en experiencia laboral”. El baremo de méritos “no se corresponde con la realidad que sufre el profesorado de los Conservatorios canarios” al puntuar “hasta un máximo de 15 puntos, de los cuales 5 son para la valoración de oposiciones aprobadas sin plaza, cuando nunca se han convocado en las Islas”, otra “desventaja y agravio” más.
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