El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, abogó ayer por establecer algún tipo de mecanismo de control si la tendencia de los billetes aéreos va hacia una situación de “precios insoportables”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, apuntó que “será necesario buscar algún mecanismo para que las ventajas que la ley [el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal] otorga a Canarias no se conviertan en inconvenientes”.
Pérez recalcó que conviene que haya “muchas líneas aéreas, muchas posibilidades de conexión y muchas frecuencias, lo que supone una facilidad” para los isleños. Pero también, precisó, en ciertos trayectos se está produciendo un encarecimiento que “puede terminar convirtiéndose en un lastre”. Admitió que este es un asunto “jurídicamente difícil”, ya que el transporte aéreo es una actividad que funciona en régimen de libertad de empresa. “Si la libertad de empresa conduce a precios insoportables, habrá que establecer mecanismos para que esos precios insoportables se corrijan”, incidió el consejero.
Acuerdos
Entre los acuerdos adoptados, se ha aprobado el Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera para fomentar el cumplimiento de la normativa, un documento que en esta ocasión incorpora al transporte sanitario. Se establecen las directrices generales para unificar criterios sobre la actividad, que corresponde a los cabildos y que estos ejercen en colaboración con la Guardia Civil y las respectivas policías locales.
Además, se ha dado curso al Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) 2022-2024 de la sociedad mercantil pública Gestión del Medio Rural de Canarias, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, para contratar por tiempo indefinido de 35 trabajadores.
Se va a destinar una partida de 1,3 millones de euros a diversas actuaciones de infraestructuras turísticas solicitadas por los municipios de Mogán (Gran Canaria), Agulo (La Gomera) y Fasnia (Tenerife).
El crédito para el programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia con especiales dificultades para obtener un empleo, que gestiona el Instituto Canario de Igualdad (ICI), se amplía en 124.675 euros. Estos fondos son para garantizar los derechos económicos de las víctimas y evitar la interrupción en la concesión de los apoyos. Se busca facilitar la integración social y autonomía personal de estas personas, en aplicación del artículo 27 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las dos universidades públicas recibirán subvenciones para el desarrollo de proyectos de excelencia, con 200.000 euros a cada una. Con esta aportación se cubren actividades relacionadas con la investigación y la generación de conocimiento científico. En paralelo, se dedican 250.000 euros al proyecto de I+D Nuevos Antibióticos con Nuevos Mecanismos de Acción, de la Ficic.
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