Entre los días 18 y 22 de enero se ha venido celebrando en Madrid Fitur, una de las ferias internacionales de turismo más relevantes. Contando, como en anteriores ediciones, con una importante participación de Canarias, una comunidad en la que esta actividad es eje de su economía y de su empleo. La feria se ha desarrollado tras finalizar un año, 2022, en que se ha producido una importante recuperación del sector, con una elevada ocupación en los alojamientos del Archipiélago y un notable incremento del gasto efectuado por los turistas.
El turismo tiene algunos hitos en Canarias este 2023. Entre ellos, que en el próximo mes de abril se van a cumplir veinte años de la aprobación unánime en el Parlamento de Canarias de las Directrices de Ordenación General y de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, impulsadas por el Gobierno que entonces tenía el honor de presidir. Una propuesta firme para reflexionar sobre lo hecho, para mirar al futuro, para apostar por la sostenibilidad, para reordenar el sector tras muchas décadas de éxitos, pero también de distorsiones importantes y de inercias a corregir; varias de ellas siguen pendientes pasadas dos décadas.
No resulto fácil conseguir ese acuerdo parlamentario unánime. Fue fruto de un enorme esfuerzo colectivo, que supuso casi dos años de debate en el que participaron ayuntamientos y cabildos, empresarios y sindicatos, colegios profesionales, universidades y colectivos ecologistas. Y en el que jugó un importante papel, como coordinador de sus trabajos Faustino García Márquez, urbanista y cualificado funcionario.
Para facilitar el debate y evitar distorsiones en su proceso de elaboración se aprobó en julio de 2001 la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, más conocida como ley de moratoria, que suspendió el planeamiento y desclasificó cientos de miles de camas que no había cumplido sus deberes urbanísticos posibilitando que las directrices definieran un nuevo modelo. Limitando el crecimiento de la oferta turística a algunas excepciones, entre ellas los establecimientos alojativos de turismo rural.
En la exposición de motivos de las directrices se señala que “el objetivo de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio, pero también socialmente más equilibrado y justo, y generador de riqueza económica, requiere de un amplio conjunto de acciones institucionales y sociales”. Destacándose, con relación al turismo, que “era y es el ritmo de crecimiento de esta actividad en los años más recientes, y sus efectos sociales, ambientales y económicos, el factor que más urgentemente demandaba una ordenación general y sectorial desde una perspectiva de sostenibilidad”.
Los elementos centrales de las directrices -la renovación de la planta alojativa obsoleta, la actualización y mejora de las ciudades turísticas, la diversificación y la cualificación de la oferta, la permanente formación del personal…- siguen siendo válidos. La ley de las directrices incluía, asimismo, limitaciones al crecimiento turístico. La obsesión por lo cuantitativo solo lleva a impactos negativos en el medio natural y en los entornos urbanos, incremento en la generación de residuos, aumento de vertidos al litoral, así como en los consumos de electricidad y agua, problemas de tráfico en las carreteras o saturación de los servicios sanitarios.
Beneficios y empleo
Como he señalado en otras ocasiones se trata de que el turismo, sin incrementar la presión sobre el territorio, produzca mayores beneficios económicos, más y mejor empleo y mayor nivel de gasto. Aumentando el valor añadido por visitante antes que persistir en el incesante incremento del número de turistas. Para ello es muy relevante avanzar en la diferenciación del destino Canarias (cultura, gastronomía, actividad deportiva…) haciéndolo menos dependiente de las coyunturas internacionales y menos limitado al turismo de sol y playa.
Los datos turísticos de 2022 fueron muy buenos, especialmente en ocupación y en gasto por parte de quienes nos visitan: en el tercer trimestre del pasado año el gasto, 4.593 millones de euros, duplicó el del 2021 y superó en casi 600 millones el de 2019, año anterior a la pandemia. Sí como un notable incremento del empleo, que es hoy superior al que teníamos en 2019. Y las perspectivas inmediatas son positivas pese a las numerosas incógnitas que suponen la guerra de Ucrania, la inflación y el débil crecimiento del PIB que se prevé para algunos estados emisores.
Hay pocas dudas de que el turismo va a continuar siendo fundamental en nuestra economía, aunque hay que esforzarse para diversificarla y que tengan mayor peso otros sectores, tarea en la que no hemos logrado avanzar mucho en este siglo, más bien todo lo contrario.
En el ámbito del turismo hay muchos aspectos en los que Canarias debe reflexionar, tomar decisiones y actuar. Entre otros asuntos todo lo relacionado con los nómadas digitales -cuya presencia se ha incrementado de forma notable en los últimos años- y su impacto en un tensionado mercado de vivienda.
También sobre la conveniencia de establecer una tasa turística, que en Nueva Canarias hemos sido los primeros en defender en el Parlamento hace varias legislaturas, planteando propuestas concretas que no llegaron a fructificar. Hay que buscar mayorías suficientes para sacarla adelante y consensos para garantizar su continuidad en el tiempo. Una tasa destinada a afrontar la renovación de nuestras ciudades turísticas, la mejora de la competitividad del destino, la descarbonización, la protección de los espacios protegidos y las zonas agrarias, el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad, así como su digitalización.
Igualmente debemos lograr una adecuada regulación del alquiler vacacional, un subsector al alza, como ya han comenzado a plantearse otros destinos turísticos muy potentes, como Ámsterdam, Atenas, Baleares, Berlín, París, Florencia, Praga o Barcelona. Garantizando la convivencia y evitando saturaciones y gentrificaciones que terminan expulsando a la población local de sus barrios, así como acabando con el comercio local.
Asimismo, respecto a la conectividad aérea, habrá que exigir el mantenimiento de la excepción de la aplicación para Canarias después de 2023 para los vuelos con lo países del Espacio Europeo de la nueva normativa UE del régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 en aviación. Su aplicación supondría un encarecimiento de los billetes aéreos del turismo extranjero que perjudicaría gravemente nuestra competitividad turística.
Y algo fundamental, en lo que hemos lamentablemente retrocedido. Afrontar la rehabilitación y renovación exige necesariamente recuperar la planificación urbanística municipal, así como la territorial, en el ámbito comarcal e insular. Se ha optado por la peligrosa vía de abandonar el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Priorizando la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar, acogiéndose a la figura establecida por la Ley del Suelo, aprobada en 2017, de proyectos de interés insular o autonómico, como ha sucedido en Fuerteventura en el caso de Dreamland.
El turismo es un elemento esencial de nuestro modelo económico y genera una parte sustancial de nuestros puestos de trabajo. Lo es hoy y lo seguirá siendo en el futuro. Demonizarlo es un grave error. Cosa bien distinta es la obligación que tenemos de analizar sus disfunciones y tratar de corregirlas, de cualificarlo, de hacerlo más sostenible y útil para la vida de los canarios y las canarias de esta tercera década del siglo XXI.
*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias