La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autonómico, Noemí Santana, transmitió ayer que las familias comenzarán a cobrar en marzo las primeras nóminas de la Renta Canaria de Ciudadanía, hasta alcanzar las 500 unidades en la primera fase de implantación de la herramienta: “La Renta de Ciudadanía supone un auténtico avance con respecto a la Prestación Canaria de Inserción, no solo porque se llegará a más población al ampliar los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta, sino porque la cuantía de la renta es mayor que la PCI y contempla una seria de complementos, como los de vivienda, rentas de trabajo, a las pensiones no contributivas y a los estudios, que ofrece una mayor garantía de protección para las familias en situación de vulnerabilidad”.
En el transcurso de una jornada informativa en Puerto del Rosario con responsables de servicios sociales de los municipios de Fuerteventura, Santana recordó que, a partir de ahora, “los ayuntamientos no tendrán la carga administrativa para la gestión de esta renta que la asume la comunidad autónoma lo que permitirá a los equipos sociales municipales de trabajar en los itinerarios de inclusión de los perceptores de esta renta”.
E incidió en el incremento de la financiación en el año 2023 a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y el programa de prestaciones básicas de servicios sociales, que este año contará con más de 42 millones de euros, más del doble la financiación en 2019, cuando los fondos para este programa era de 18,3 millones de euros. Fuerteventura ha recibido en los últimos años más de 1,5 millones dentro de este plan.
La Renta Canaria de Ciudadanía fue aprobada por el Parlamento el 13 de diciembre de 2022. La ley incluye una renta mínima garantizada y un sistema de apoyo a la inserción social y laboral efectiva que permita a la población más vulnerable escapar de la exclusión social y la pobreza. Sustituirá a la PCI tras un periodo de transición.
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