Pese a que las negociaciones para resolver este conflicto de carácter estatal siguen brillando llamativamente por su ausencia, los efectos de la huelga indefinida que llevan a cabo los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desde hace 11 días ya se pueden considerar como una catástrofe para dicho servicio público en la provincia tinerfeña, de por sí seriamente lastrado por carencias endémicas como, sin ir más lejos, la histórica falta de inmuebles adecuados para albergar sus principales sedes.
El balance de tales efectos por lo que respecta a Santa Cruz de Tenerife desvela que ya son más de 2.000 los juicios y demás actos judiciales suspendidos desde que el pasado 24 de enero comenzó dicha huelga, con el inevitable perjuicio que ello conlleva a los ciudadanos directamente implicados por el retraso en unas decisiones que, por ejemplo, afectan a los acuerdos sobre la custodia de sus hijos o cuestiones laborales como la,procedencia o no de un despido.
Desde una perspectiva económica también es notable el hecho de que las cantidades que han quedado ‘congeladas’ en las correspondientes consignaciones judiciales a cuenta de esta huelga ascienden ya a la nada desdeñable cantidad de, aproximadamente, 16 millones de euros, y eso solo en lo que respecta a los juzgados de Instancia y mercantiles con sede en la capital tinerfeña.
Parte de ese dinero es, por dar otro ejemplo, el dinero que un progenitor ingresa en el juzgado para el otro, y que tampoco se está tramitando.
Los portavoces de los huelguistas insisten en lamentar los problemas que este paro están causando, pero recuerdan que en todo momento se muestran abiertos a buscar un acuerdo que ponga fin a esta huelga. Al fin y al cabo, el paro también les perjudica no solo por la merma en su salario sino por la tarea que se le está acumulando.
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