La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha delimitado procesalmente la instrucción que lleva a cabo sobre el llamado caso Mediador con la apertura de otras dos piezas separadas de la inicial, desveló ayer el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Cabe recordar que todo este asunto comenzó a raíz de una denuncia presentada por el entonces director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, contra el mediador que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien, para defenderse de la misma, ofreció el contenido de sus dispositivos móviles, donde guardaba todo tipo de datos que dieron pie a que, hace poco más de un año, arrancaran, a su vez, las pesquisas sobre la presunta trama criminal que ahora es portada tanto en los medios canarios como en los estatales.
Aunque aquella denuncia de Pérez fue considerada como falsa, ese asunto sigue vivo en el juzgado y es una de las tres piezas en cuestión. Otra es, lógicamente, el caso Mediador en sí, mientras que sobre la tercera se ha decretado el secreto de sumario.
Solicitudes
Además, el TSJC también confirmó ayer que ya son cinco las solicitudes para personarse como acusación particular respecto a las diligencias que desembocaron en una redada efectuada el pasado 14 de febrero y en la que se practicaron 11 arrestos (días después se detuvo también al ya exdiputado estatal del PSOE Juan Bernardo Fuentes), así como cerca de una veintena de registros en distintos puntos de la geografía nacional.
Sobre tales peticiones, el juzgado no ha tomado decisión alguna sobre si finalmente son aceptadas o no. En cuanto a los solicitantes, sí ha trascendido que cinco de las mismas están a nombre del propio PSOE, el Partido Popular (PP), Vox, Fuerza Canaria y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Precisamente fue Vox el que ha reconocido públicamente que había recurrido la puesta en libertad (provisional con cargos) de Fuentes Curbelo, decisión que la propia jueza instructora explicó en un auto que se dictaba “por imperativo legal”, dado que la Fiscalía no pidió medidas cautelares contra él, aunque ella era partidaria de recluirlo en prisión preventiva al entender que había riesgo de que destruya pruebas, uno de los supuestos contemplados en la legislación vigente para ordenar su encarcelamiento provisional. A este respecto, y como no podía ser de otra manera, el juzgado no ha decidido sobre tal recurso, dado que, como se ha dicho, la formación ultraderechista sigue sin ser reconocida como parte personada en el proceso y, por tanto, no puede actuar en el mismo.
Inviolable
Respecto a la polémica suscitada sobre la petición de la Policía Nacional para registrar el despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso, es menester recordar -como argumenta la Fiscalía- que las Cortes Generales son “inviolables” por mandato constitucional, y por eso propone pedir al propio Congreso que autorice la entrada de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía con el fin de acceder a dicho despacho.
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