PSOE y PP votaron juntos ayer en el Senado para instar al Gobierno a que, “previas las pertinentes consultas, analice la posibilidad de realizar una experiencia piloto de declaración de obligación de servicio público” (OSP) en algún vuelo con la Península, para lograr precios máximos de referencia y una garantía de servicio regular.
La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Alta ha debatido y aprobado sin votos en contra (aunque dos abstenciones han evitado la unanimidad) una moción del PSOE que pide al Gobierno central abordar esta posibilidad “tanto desde el punto de vista de compatibilidad con el marco normativo comunitario, como del efecto de dichas obligaciones sobre el mercado y sobre los usuarios”.
La moción plantea optar por “la conexión aérea de Canarias con el resto del territorio nacional que mejor permita analizar sus efectos en los precios de los billetes y en la conectividad de residentes y visitantes de las Islas, y permita así extraer conclusiones válidas para posibles acciones posteriores”. Las “obligaciones” a las que se refiere el texto, añade, “tendrían por objeto continuar garantizando la conectividad en términos adecuados de continuidad, regularidad, precios y capacidad mínima”.
El PP había presentado dos enmiendas de adición, no admitidas por el PSOE, para que el Gobierno actuara “con la máxima celeridad” y para que se reclamaran a la UE “las ventajas legales derivadas de la ultraperificidad y la doble insularidad de acuerdo con lo establecido en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Canarias”. Esta votación unitaria en el Senado llega un mes después de que los gobiernos español y canario acordasen que, de forma experimental, una ruta aérea entre la Península y Canarias sea una Obligación de Servicio Público (OSP) para controlar el alza desmesurada de los precios, como informó en su momento el consejero de Transportes, Sebastián Franquis.
El consejero indicó el pasado 25 de enero que la ruta que se decretará como Obligación de Servicio Público se pondrá en marcha antes del próximo verano y que la decisión de cuál será se adoptará en un próximo encuentro de la mesa de trabajo establecida entre la Consejería y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El senador socialista Francisco Fajardo ha lamentado no poder aceptar las enmiendas del PP porque “no es conveniente la celeridad”: “las prisas son malas consejeras y más cuando estamos hablando de una posible colisión con el derecho europeo”, argumentó.
Respecto a la segunda, ha sostenido que ya estaba incluida en la propia moción, que a su juicio ya es “lo suficientemente potente y prudente”, en referencia a las palabras del senador del PP Antonio Alarcó en cuanto a que sus enmiendas “no modifican ni una coma” de la iniciativa del PSOE y en cambio “vienen a colaborar a que esta moción tenga más potencia”.
Esta medida llega en un momento crucial para el sector aéreo del Archipiélago tras la reciente compra de Air Europa por parte del grupo IAG. Aunque esta operación aún está pendiente de la Comisión Europea, lo cierto es que ha hecho saltar todas las alarmas puesto que el Grupo, con la incorporación de la aerolínea de Globalia, controlará el 73% del tráfico aéreo de Canarias con la Península.
Una cifra que puede alertar a Europa que debe decidir si la operación afecta o no a la competencia y que podría obligar al grupo IAG a dejar algunos de sus slots (derechos de aterrizaje y despegue) en los que tiene una clara posición dominante, lo que podría afectar a alguna ruta con Canarias.
Y aquí es donde mayores problemas encontrará esta operación. Para empezar, tiene el precedente de hace algo más de un año, cuando IAG y Globalia rompieron el acuerdo para renegociar uno nuevo porque sabían que Bruselas tumbaría la operación. La CE iba a prohibir la compra al considerar que la operación limita la competencia en muchas desde España.
