La Diputación del Común avanzó muchísimo en esta legislatura con un equipo de trabajo comprometido en resolver los problemas de los ciudadanos. Tras realizar informes extraordinarios sobre la representación paritaria entre hombres y mujeres, residencias de mayores y la dependencia, en los que analizaron la situación y efectuaron propuestas de mejora, actualmente elaboran otro de Vivienda. En esta entrevista con DIARIO DE AVISOS, Rafael Yanes insiste en que su objetivo es invertir su tiempo en ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Destaca de sus palabras que en los últimos 16 años la población de Canarias ha envejecido más de 62 puntos (menos de 24 puntos a nivel estatal), con lo que las Islas han pasado de ser la comunidad autónoma más joven a una de las de mayor edad del conjunto del Estado. Esta circunstancia implica sensibles consecuencias en el ámbito social.
-¿Qué balance realiza de estos años en la Diputación?
“Son de una gran satisfacción. Ha sido un honor que el Parlamento me eligiera para defender los derechos ciudadanos. He vivido los problemas muy de cerca y he intentado desde el principio llevar este puesto como si fuera un alcalde de pueblo, acercando la institución a la ciudadanía y reuniéndome con todas aquellas personas o colectivos que lo solicitan. Estamos al servicio de la ciudadanía para intentar solucionar su problema”.
-Hay un salto cuantitativo del número de quejas recibidas.
“En estos cinco años hemos consolidado un crecimiento del 63% en el número de expedientes. Esto es producto de acercarnos a la ciudadanía, de estar en contacto con los medios informativos para que hagan llegar nuestro mensaje. Nuestra relación con la Administración ha mejorado, he visitado los 88 ayuntamientos, los siete cabildos y a los principales responsables del Gobierno de Canarias para explicarles nuestro trabajo que, si bien consiste en hacerles llegar las quejas de la ciudadanía, en absoluto es un trabajo entorpecedor, sino todo lo contrario; nosotros lo que pretendemos es proponer soluciones que mejoren la administración pública. Hemos realizado tres informes extraordinarios: uno sobre representación paritaria entre hombres y mujeres, otro sobre residencias de mayores y otro sobre dependencia, en los que, además de analizar la situación, los problemas, errores y los defectos, para nosotros lo más importante es la parte de las propuestas en positivo, que planteamos con humildad, sabiendo que pueden ser modificadas para mejorarlas o pueden añadirse otras más acertadas. Pretendemos ser activos para mejorar la administración”.
-¿Los servicios que ofrece la Administración: Sanidad, Educación, Servicios Sociales (ayudas, dependencia, discapacidad)… son los que más quejas reciben?
“Efectivamente, a la Diputación del Común no vienen los poderosos, vienen las personas más vulnerables de la sociedad, las que están esperando meses por el reconocimiento del grado de discapacidad, por la ayuda de dependencia, por la Prestación Canaria de Inserción…, esas son las que vienen y hemos logrado un 67% de resoluciones favorables para la ciudadanía. Comenzando con la discapacidad, casi la mitad de las quejas son por retrasos en la valoración y en las revisiones de grado. La orden de 2018 establece un plazo máximo de tres meses para reconocer el grado de discapacidad y en Canarias se está tardando 39 meses, por tanto aún debe mejorar mucho. En relación a la dependencia, se establece un plazo de 180 días y no se está cumpliendo. Hay que destacar la mejoría con respecto a años anteriores en concesión de ayudas y resoluciones de grado, pero ésta debe multiplicarse para respetar los derechos de las personas dependientes. En el informe realizamos 19 propuestas: pedimos mayor presupuesto, más personal, más colaboración municipal y simplificación de expedientes”.
-¿El aumento de quejas sobre vivienda ha llevado a trabajar en un nuevo informe?
“En Canarias existe un problema grave de vivienda social porque no se han construido durante muchos años y no solo eso, sino que en los que en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas públicas que en aquel momento estaban destinadas al alquiler y se vendieron a sus inquilinos, no a un fondo de inversión. Pero se olvidaron de construir otras tantas y hoy tenemos una carencia de vivienda pública muy importante. Valoro positivamente el Plan de Vivienda 2020-25 y espero que se cumplan los plazos previstos pero, también es necesario mejorar la inspección de las viviendas públicas para evitar prácticas fraudulentas, como ventas ilegales, subarriendos y ocupaciones. Esto hay que solucionarlo para garantizar que el acceso a la vivienda pública sea por los cauces legales”.
-En Sanidad, los retrasos de la pandemia siguen presentes.
“Sanidad es otra preocupación importante de la sociedad. Naturalmente, una vez superada la parte más grave de la COVID-19, han vuelto las quejas por las listas de espera quirúrgicas, que es de 144 días de media por 113 estatal; la de consulta, de 101 días por 79, y la diagnóstica, pese a caer un 5%. En las tres se ha producido una mejora pero es insuficiente, estamos por debajo de la media nacional, de manera que son mejorables”.
-En Educación crecen las quejas de familias que demandan más recursos para niños con necesidades especiales.
“Hubo un primer momento en el que se hicieron las aulas Enclave que apostaron por la integración de los niños con discapacidad en los colegios habituales. Hay que valorar que Canarias fue pionera y después nos copiaron otras comunidades, pero hay que seguir avanzando en esa integración. Además, la Ley de Educación del año 2014 establece que debe dedicarse el 5% del PIB de Canarias a educación, y durante muchos años se ha incumplido, hasta que este año se certificó en los Presupuestos. Hay que felicitar al Gobierno porque la educación es la herramienta básica para que una persona pueda transformar su futuro”.
-Hay un problema con los jóvenes con discapacidad, de los que a los 21 años el sistema educativo se desentiende. No hay muchas plazas en los centros ocupacionales ni empresas que apuesten por ellos.
“Esas personas con discapacidad están en el sistema educativo hasta los 21 años y no se pueden quedar en tierra de nadie. En cuanto a los centros ocupacionales, que dependen de los cabildos, hemos pedido que nos digan cuántas plazas tienen y cuántas tienen la previsión de crear. Hay que saber cuántos jóvenes con discapacidad cumplieron ya los 21 y hacer la previsión de cuántos podrán pedir plaza en los próximos años. En este tema, además de los centros ocupacionales, está la posibilidad del trabajo adaptado, y esto es fundamental porque si queremos integrar socialmente a las personas con discapacidad hay que integrarlos en el mundo laboral. Hay cabildos que están apostando por el trabajo con acompañamiento, aquel que debe contar con una persona que acompañe a los jóvenes para adaptarlos al puesto de trabajo y también para adaptar a sus compañeros a él, porque tienen que aceptar a esa persona con discapacidad como uno más de la plantilla, con las limitaciones que conlleva su discapacidad, pero con una integración absoluta de manera que se sienta realizado”.
-Un volumen de quejas se debe a las ayudas a los más vulnerables ¿Se mejorará al pasar de la PCI a la Renta Ciudadana?
“Esperamos que así sea. En esta área las quejas de los ciudadanos llegan principalmente por la tardanza y el retraso de la Administración. El pasado viernes hablé con una persona a quien se le había aprobado la invalidez absoluta en junio del 2022 y ahora en marzo todavía no ha comenzado a cobrarla. Esta persona necesita el dinero desde el primer día y lleva esperando nueve meses a que le den lo que es suyo”.
-En Dependencia, pese a la mejora, ¿le preocupa el déficit de plazas residenciales?
“En los últimos 16 años la población de Canarias ha envejecido 62,28 puntos; sin embargo, la media nacional es solo 23,53 puntos. Es decir, hemos pasado de ser la comunidad autónoma más joven a estar por encima de la media en el año 2022. Esto influye en dependencia, en las plazas residenciales o en sanidad, porque los mayores demandan más servicios. Efectivamente, hay una carencia de 8.700 plazas residenciales para mayores, que son muchas. Hay un plan sociosanitario que está planteado y espero que se cumpla en los plazos establecidos”.
-En los últimos años, las relaciones entre la Administración y los ciudadanos han empeorado. ¿Son la cita previa y el teletrabajo las responsables?
“Son dos secuelas que nos ha dejado la pandemia. La cita previa es una buena práctica, es aconsejable, positiva, eficiente y adecuada, ahora bien, lo que nunca puede ser es obligatoria, porque para pedir la cita previa hace falta que los canales para solicitarla sean de fácil acceso a toda la población. Sin embargo, no está garantizado ni el acceso telefónico, que muchas veces no funciona, ni el procedimiento informático, porque muchas personas no tienen las suficientes habilidades y conocimiento para tramitarlo por ahí. El teletrabajo también tiene sus beneficios, sin embargo, no es posible ni es aconsejable si perjudica la calidad de los servicios públicos. Las Administraciones tienen que evaluar y hacer un análisis de en qué puestos de trabajo se puede desarrollar. Por ejemplo, un policía municipal difícilmente podrá teletrabajar, sin embargo, un servicio de atención telefónica sí podría”.
-Han subido las quejas de damnificados por el volcán de La Palma. ¿Cuales son las demandas principales que le llegan?
“Abrimos un área especial para los afectadas por la erupción volcánica y en el año 2022 recibimos 86 quejas y en lo que llevamos de 2023 otras 12 más. Las hay de diferente calado y todos los casos se estudian individualmente. Hay algunas que son de Política Territorial, puesto que pretenden construir en lugares donde hasta ahora ha estado prohibido, otros se quejan por el trazado de carreteras, por la calificación del suelo, por la recuperación de caminos vecinales que han desaparecido, etc. Hay personas que tienen su escritura correctamente, otras familias que no llevaron a cabo el reparto de la herencia de manera formal, unos tienen seguro, otros no tienen… Hay otras quejas que son de un ámbito más social, solicitan ayudas, vivienda o se quejan del retraso en su tramitación, etc. Y un otro bloque es debido a la situación de los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, que no han podido entrar a sus casas por la emanación de gases”.
-¿Las Administraciones están cumpliendo los plazos de los requerimientos que se les realizan?
“Creo que las corporaciones locales tienen la intención de cumplir con su obligación y contestar al diputado del Común en los 15 días previstos, pero hay preguntas que tienen una cierta complejidad jurídica y si el Ayuntamiento tiene a un policía municipal de secretario general, que es el caso de varios, evidentemente no pueden contestar, al no tener personal jurídico adecuado, a una determinada queja ciudadana. De las 233 plazas de habilitados nacionales en Canarias, que son fundamentalmente secretarios generales e interventores, solo está cubierto el 28%, es decir las tres cuartas partes están vacantes. He planteado una modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para que Canarias pueda convocar las plazas de habilitados nacionales de su territorio, como ya lo hizo el País Vasco. Tenemos razones sobradas para hacerlo por la lejanía. Hay interventores que atienden dos ayuntamientos, y eso supone un retraso en los expedientes administrativos y un deterioro de los servicios”.
-¿Cómo espera este año 2023 en la Diputación del Común?
“Es un año de incertidumbre y espero que las ayudas europeas y del Gobierno del Estado mitiguen un poco la situación que están atravesando tantas personas, porque la guerra de Ucrania no parece terminar y los efectos de la inflación perjudican a los más débiles, las personas que me preocupan”.
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