Santiago Pérez, concejal del Ayuntamiento de La Laguna y senador por el PSOE, considera que da la “sensación” de que “España hay dos códigos penales distintos” en relación al archivo del llamado caso Reparos en lo que atañe al senador y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo: “Parece que hay uno que es el que aplica la sala Segunda del Tribunal Supremo a determinadas autoridades y el que se aplica al resto de ciudadanos”.
En declaraciones a Cope Tenerife, matizó que lo que se ha archivado es “una pieza separada” del caso Reparos aunque “el grueso de la causa continúa tramitándose”. “Hay un grueso de esa causa que se sigue instruyendo aquí. El archivo de la pieza de la causa concerniente a Clavijo es una decisión profundamente injusta del Tribunal Supremo en su sala Segunda que tiene efecto en muchos concejales que, a lo largo y ancho de España, desempeñamos una función de control políticos de los gobiernos. Llegado el caso requiere, denuncia en los tribunales, algo que se ejerce muy selectivamente. He ejercido tareas de oposición durante 30 años y solo en asuntos puntuales he recurrido a esos tribunales”.
Santiago Pérez hizo hincapié en que el magistrado Marchena “desdeña con prepotencia” la argumentación planteada: “El Tribunal Supremo despacha el asunto en un auto en el que, desde que uno comienza a leer, le invade la sensación que tiene tomada la decisión de antemano. El magistrado Marchena, la sala que él preside desdeña, con prepotencia, una consistente argumentación que va enmarcando la memoria razonada del juzgado de instrucción de La Laguna y, sobre todo, la Fiscalía Anticorrupción. La Sala 2 lo desdeña en un auto de 14 páginas para suerte del personaje que decidió aforarse que es Fernando Clavijo”.
Pérez señaló que el aforamiento es “una antigualla” que “ahora no tiene el menor sentido, porque confronta algunos aspectos como el de igualdad ante la ley”, recordando que, en Canarias, la causa ha ido evolucionando: “Hay una serie de servicios públicos municipales muy importantes, cuyos contratos habían terminado. En lugar de tramitar los concursos para seleccionar la mejor oferta, lo que se hacía desde al Ayuntamiento de La Laguna era autorizar a esas empresas, sin tramitar el concurso, a seguir gestionando el servicio. A estas empresas se les beneficiaba con el mantenimiento de una línea de negocio. Si continuaban una vez terminado el contrato es porque les convenía. Es, prácticamente, un contrato verbal, y el precio que se les seguía pagando no estaba justificado”.
Santiago Pérez señaló que eran “personas y empresas” del municipio “las que salían perdiendo” ya que se creaba un “mercado cerrado” respecto a la Ley de Contratación del Sector Público: “La ciudadanía lagunera no tenía la menor garantía de que el precio que se continuaba pagando fuera el que correspondía a mercado, porque la única manera de saberlo era convocar los concursos”.
Por ello, de manera clara, el senador socialista enfatizó en que, en este auto, el Tribunal Supremo ha pasado “por encima de cientos de decretos” que “podrían ser constitutivos de delito cada uno de ellos”, poniendo un ejemplo ocurrido en la Isla como ejemplo de esa disparidad en la justicia: “La exalcaldesa de San Juan de la Rambla, por pagar 3.000 euros a un medianero cuya finca había sido expropiada, sin seguir el procedimiento indicado y abonar 4.000 euros a unos funcionaros en pluses reconocidos por el ayuntamiento, fue inhabilitada 8 años. Da la sensación de que en España hay dos códigos penales distintos. El que aplica la sala Segunda del Tribunal Supremo a determinadas autoridades y el que se aplica al resto de ciudadanos”.
Pérez quiso ejemplificar lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de la recogida de basuras en el municipio: “Cuando termina el contrato con la empresa que gestionaba la recogida de basuras, con el que cobraba 1.350.000 euros al menos, la flota, muy devaluada porque tuvo que ser renovada seis años antes en 34 de sus 46 vehículos, pasó a manos del Ayuntamiento de La Laguna, pero se sigue pagando la misma cantidad pese a que esos vehículos ya eran propiedad del Consistorio”.
Por último, quiso invitar a no hacer “previsiones interesadas” de “quién puede zafarse de este asunto” aludiendo a la causa del caso Reparos que continúa adelante en La Laguna: “Insisto en que hay cientos de decretos y cada uno de ellos podría ser constitutivo de delito”.
